Actualizado el 13/11/2025 14:47 Compartir
Por eso, Pons ha pedido al conseller porque se suspendió este expediente sancionador y de medidas cautelares, que no tenían informes que avalaran este levantamiento, "sólo unas notas sin fecha ni firmadas" por nadie que acompañaban el expediente. Pons ha pedido al conseller si consideraba estos hechos como presunta prevaricación y si el conseller estaba enterado de estas decisiones del director general.
Asimismo, el diputado socialista también ha mostrado extrañeza ante la casualidad de la reapertura de las medidas cautelares casi coincidiendo en el tiempo con las denuncias de grupos animalistas, publicadas en prensa en mayo de 2025.
Más allá del procedimiento administrativo "caótico", Marc Pons ha recordado que el Govern ordenó una desescalada de 120.000 gallinas a 40.000, que debería haberse concluido en diciembre de 2024. Pero con la suspensión de las cautelares, este problema que podría haberse resuelto hace un año, todavía continúa diciembre de 2025. Ante este hecho, y teniendo en cuenta que las naves continúan sin licencia de construcción, ni sin informe de evaluación ambiental estratégica, preceptivos para ejercer la actividad, Pons ha cuestionado cómo es posible que no se haya cerrado la instalación hasta que no se hayan subsanado estas deficiencias.
En todo caso, toda la situación no quita que el Gobierno “no vea al elefante en la sala”, ya que en la cronología de este expediente de Llucmajor, el levantamiento de medidas cautelares y sanciones coinciden en el tiempo con la presentación del proyecto de macrogranja que el propio promotor de Llucmajor quería abrir en Sineu, y que finalmente fue .
El PSIB-PSOE continuará, sin embargo, haciendo seguimiento de este caso, que actualmente está judicialiciado, con diligencias previas iniciadas en el juzgado número 11 de Palma, gracias a las denuncias interpuestas por la asociación de vecinos Stop macrogranja de Llucmajor.
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