Actualizado el 12/06/2025 16:06 Compartir
El Grupo Popular ha defendido que esta reforma supone un evidente retroceso para la justicia de proximidad y puede poner en riesgo la accesibilidad de estos servicios esenciales para la ciudadanía de los municipios pequeños y medios. Por este motivo, la moción insta al Gobierno a garantizar que la nueva estructura no suponga una reducción de los servicios y que se mantenga el modelo actual con jueces de paz formados y con recursos suficientes.
La consejera electa Maria Garrido, encargada de defender la iniciativa, ha advertido que "no tiene ningún sentido sobrecargar con más funciones a los equipos de gobierno municipales ni saturar a los ayuntamientos como se pretende con la ley. Tampoco podemos consentir que los ciudadanos pierdan servicios esenciales que hasta ahora habían funcionado bien".
La propuesta aprobada pide también que el Estado asegure dotaciones suficientes de personal y medios materiales para las nuevas oficinas, que impulse un plan de formación específico para los jueces y juezas de paz, y que se ponga en marcha una digitalización integral del Registro Civil, garantizando así la modernización de los servicios sin perder la accesibilidad ni la calidad del modelo actual.
Con esta iniciativa, el Grupo Popular reafirma su compromiso con una justicia cercana, humana y eficiente, al servicio de los ciudadanos y arraigada en los municipios.
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