Baleares reclama al Estado una regulación específica para adecuar y favorecer las instalaciones de renovables en las islas

El Instituto Balear de la Energía (IBE), ente dependiente de la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto Ley de subastas de energías renovables que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Entre las principales demandas, se reclama que se tenga en cuenta la insularidad y las especificidades del territorio balear en las futuras subastas, y que éstas se adapten a las características energéticas, territoriales y económicas de los proyectos que se pretenden desarrollar.

Así, se propone establecer un calendario de subastas específico para los territorios no peninsulares y que estas se organicen por subsistema eléctrico y con una periodicidad no inferior a 12 meses.

Esta medida, además, permitiría un importante ahorro para el sistema eléctrico y reduciría el sobrecoste que debe asumir el Estado para la producción de energía eléctrica en las Islas.

Otra alegación que se propone al Ministerio es que se prioricen proyectos que tengan un valor añadido. En este sentido, se pide que cada subasta que se realice incluya una cuota mínima de su capacidad para proyectos que tengan un impacto social o ambiental positivo. Es el caso de las instalaciones de renovables en espacios urbanizados como grandes cubiertas, aparcamientos o aquellos que cuentan con una gran participación de vecinos. Además, se propone reservar también un mínimo de la capacidad a subastar por aquellos proyectos menores de 10MW, ya que se ajustan mejor a las características del territorio.

Finalmente, la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos reclama al Estado limitar las capacidades máximas que se otorgan por promotor cada subasta y limitar la participación de empresas o grupos empresariales que tengan más de un 40% de la potencia instalada de la tecnología renovable a subastar. Con esta medida se quiere evitar la creación de monopolios y facilitar la democratización de la energía y el acceso de nuevos actores en el mercado eléctrico.