La gestión de Cabrera sufre por la falta de acuerdo entre la CAIB y el Estado

La celebración ayer de la reunión periódica del patronato del parque nacional, además de validar la memoria de actuaciones de 2019 y el plan anual para el año 2020, evidenció déficits y problemas importantes que tienen o pueden tener efectos negativos en la gestión del espacio natural protegido.

El parque nacional fue ampliado en febrero de 2019 pasando de las 10.021 hectáreas originales a las 90.800 actuales. En el acuerdo del Consejo de Ministros que establece la ampliación, se otorga al Estado la gestión de la zona ampliada. Esta decisión tiene una serie de consecuencias derivadas importantes, entre ellas el planteamiento de una estructura administrativa y gestora paralela a la ya existente.

Ante esto, la CAIB reclama que la zona ampliada se integre dentro de la estructura de gestión actual, en manos autonómicas. La falta de acuerdo con el Estado ha desembocado en la presentación de un recurso contencioso administrativo por parte de la CAIB, que ahora deberá resolver el Tribunal Supremo.

Esta situación está generando importantes consecuencias que afectan a la gestión del parque nacional. Así, la nueva ley del parque nacional, contemplada en el acuerdo ministerial y necesaria para fundamentar suficientemente nuevo marco regulatorio requerido para la ampliación del parque, se encuentra en vía muerta a la espera de la resolución del conflicto entre las administraciones. Igualmente, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), herramienta fundamental de planificación y ordenación a medio plazo, se encuentra prorrogado desde 2012 (hace 8 años!), Cuando finalizó la vigencia prevista del anterior plan. La necesidad de reenfocar el PRUG para adaptarlo al nuevo ámbito generado por la ampliación, sumada al conflicto entre las dos administraciones que deben consensuar su contenido, son circunstancias que están contribuyendo a dificultar el progreso en la redacción del nuevo plan.

En la reunión de ayer ambos temas, la necesidad de un nuevo PRUG actualizado como instrumento fundamental de ordenación y la problemática gestora derivada de la disputa por la competencia sobre el área ampliada del parque, fueron puestos sobre la mesa por los propios técnicos del parque nacional, lo que pone de manifiesto el calado de esta problemática. Ante esto, percibimos una gran y preocupante falta de determinación tanto por parte de los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica como por el de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio que asistieron a la reunión, por lo que mucho nos tememos que estos problemas no están en vías de resolución a corto plazo

Ante esta situación, y para evitar que la conservación del patrimonio natural y cultural del parque nacional pueda sufrir consecuencias negativas,

- Instamos la Consejería de Medio Ambiente y Territorio que no retrase más el avance en la redacción del documento. Más del 90% de las regulaciones que incorporará el nuevo PRUG serán relativas al ámbito que tenía el parque antes de la ampliación, por lo que para avanzar en la redacción no hace falta esperar a disponer de las determinaciones consensuadas con el Ministerio para la zona marina ampliada. La vigencia de los PRUG es normalmente de 6 años, y ya en llevamos 8 desde la finalización del periodo abarcado por el último plano. No aceptamos más excusas para no avanzar en la redacción de esta herramienta fundamental para poder regular las actividades que se llevan a cabo en el parque.

- Instamos al Ministerio a que reconozca la competencia de la Consejería para la gestión de todo el ámbito actual del parque. Consideramos absolutamente absurdo que el Estado haya pretendido, mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, gestionar la zona marina ampliada y con una estructura de dirección y técnica independiente a la ya existente en el parque nacional. Igualmente nos parece altamente irresponsable que el mantenimiento de esta pretensión esté generando una situación de bloqueo en aspectos fundamentales como la nueva ley del parque, el nuevo PRUG o la gestión actual del nuevo parque. Este reconocimiento de la competencia gestora debe ir asociado, como no podría ser de otra forma, a una transferencia suficiente de los recursos necesarios para la gestión adecuada del nuevo ámbito ampliado

- Finalmente, apelamos a la responsabilidad de las dos administraciones. La conservación de los valores extraordinarios del parque nacional de Cabrera no se merece esta situación tan lamentable.