Actualizado el 20/04/2020 17:11 Compartir
Durante la reunión bilateral de más de una hora y media de duración, la consellera ha expuesto al ministro que se debería apostar por un mecanismo descentralizado similar al que se sigue para las Pensiones no Contributivas (PNC). El Ministerio establecería un Mínimo Vital para los hogares unipersonales y para los núcleos familiares y, después, los Comunidades Autónomas complementarían este ingreso en función de la realidad económica y social de su territorio.
Santiago ha ofrecido la Renta Social Garantizada como patrón a seguir para establecer la estructura del futuro Mínimo Vital estatal. La consellera le ha explicado que en 2016 entró en funcionamiento en las Illes Balears para las familias más vulnerables y que ahora se ha ampliado a todos los mayores de 18 años que han visto como su situación se agravaba por la crisis sanitaria COVID-19.
En esta línea, Santiago ha defendido que la nueva prestación estatal no esté ligada a una contraprestación del ciudadano, sino exclusivamente a su situación económica, como ocurre en las Iles Balears. Considera que es esencial que los parámetros sean económicos porque la volatilidad de la economía es absoluta y ligar la futura prestación a la inserción laboral, en estos momentos de incertidumbre, sería un error desde la óptica social.
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