Actualizado el 15/10/2025 16:48 Compartir
El Govern de las Illes Balears, junto con la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, ha participado en Bruselas en un seminario europeo dedicado a analizar los retos de las regiones insulares en el marco de la política de cohesión y la competitividad en el mercado único europeo, con la presencia del vicepresidente del Parlamento Europeo, representantes de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, responsables de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y delegaciones de otras regiones insulares europeas.
Durante su intervención, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea establezca un régimen específico para las islas en la aplicación del Reglamento de minimis y de las ayudas de estado, que permita flexibilizar las normas y compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, especialmente en el transporte de mercancías.
El Govern ha recordado que la Resolución del Parlamento Europeo del 7 de junio de 2022 ya reconocía la insularidad como una «desventaja estructural permanente» por los sobrecostes que comporta en la importación y exportación. En el caso de las Illes Balears, se calcula que el sobrecoste del transporte oscila entre el 74 % y el 100 % respecto del ámbito intracontinental, lo que encarece la llegada de materias primas, bienes intermedios, de inversión y de consumo, así como las exportaciones agrícolas e industriales.
Esta situación limita la capacidad de las empresas de las islas para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado único europeo y dificulta los esfuerzos de las administraciones para impulsar la diversificación económica y la transformación del modelo productivo.
Francisca Ramis ha subrayado que, a pesar de que el aumento del umbral de las ayudas de 200.000 a 300.000 € en cada periodo de tres años reconoció de forma genérica la singularidad de las regiones insulares y ultraperiféricas, todavía no se ha concretado ningún marco específico para las islas de la Unión Europea. Por este motivo, se ha insistido en la necesidad de una revisión urgente del régimen actual que permita aplicar excepciones o umbrales diferenciados para garantizar la competitividad de las empresas insulares.
Además, ha advertido que estas limitaciones se hacen especialmente evidentes ante situaciones como la imposición de aranceles por parte de otros países, como los Estados Unidos, que afectan a la competitividad de las empresas de las islas y exigen una respuesta coordinada a nivel europeo.
Finalmente, el Govern de les Illes Balears ha expresado su convicción de que las instituciones europeas deben atender la realidad de los territorios insulares y reconocerlos como parte integrante del continente europeo, capaces de generar oportunidades en ámbitos como la innovación, la investigación y la tecnología, más allá de su peso turístico.
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