El Govern pide al Estado que las medidas de protección del alquiler prevean los precios más altos de las Illes Balears

La Consejería de Movilidad y Vivienda, ante la previsión del Consejo de Ministros de aprobar medidas de protección de la vivienda como respuesta a la crisis del COVID-19, ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una serie de peticiones para que se tengan en cuenta las especificidades de las Illes Balears, de forma que las medidas que se adopten sean efectivas en nuestra Comunidad y respondan a las necesidades reales de la ciudadanía de las islas.

El precio más elevado de los alquileres en nuestras islas, así como de la hipoteca mediana, y la circunstancia de fijos discontinuos de muchos de los trabajadores son especificidades que el Gobierno de las Illes Balears considera que cualquier medida que se adopte tiene que prever.

Además de las medidas que adopte el Consejo de Ministros en materia de vivienda, el Gobierno de las Illes Balears también aprobará medidas propias.

Las peticiones que se han trasladado al Gobierno del Estado son las siguientes:

— Cualquier medida que se acuerde para los alquileres tendría que incluir como posibles beneficiarios a personas afectadas por los efectos laborales del COVID que paguen alquileres de hasta 900 euros y no de un importe inferior porque, en caso contrario, podrían dejar fuera a muchas personas afectadas en las Illes Balears, con precios de alquileres que superan fácilmente los 600 euros.

— Del mismo modo, también se pide que las medidas con relación a las hipotecas tienen que ser más flexibles también en cuanto a la cuota mensual porque un importe de 600 euros mensuales (cifra de la que se ha hablado) no se ajusta a la hipoteca media que se paga en las Illes Balears.

— Todas las medidas en materia de vivienda tienen que incluir como afectados por la crisis del COVID-19 a los fijos discontinuos. Se trata de una figura laboral regulada y con mucha incidencia a las islas por la estacionalidad de la industria turística. Son trabajadores que no se habían incorporado todavía al trabajo pero que ven imposibilidad de acceder al mismo. Es un colectivo vulnerable que se tendría que poder acoger a las ayudas que se establezcan para pagar los alquileres, las hipotecas o acceder a ayudas.

— Se pide también la flexibilización del régimen de las ayudas de alquiler, tanto de las derivadas del Plan Estatal de Vivienda como de cualquier otra para poder acelerar su concesión y pago de manera rápida. La propuesta es que la comprobación de los requisitos se haga a posteriori.

— Para las ayudas de 2020 del Plan de Vivienda se pide que se replanteen los requisitos de forma que puedan beneficiar a las personas afectadas por la crisis del COVID. Por ejemplo, se tiene que recordar que las ayudas parten de la declaración de la renta del año anterior y, si se mantuviera así, no se prevería la situación de las personas afectadas.