El Govern garantiza la seguridad ante inundaciones

El conseller Juan Manuel Lafuente ha dado a conocer las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 3/2024 de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears relacionadas con la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en la que ha estado acompañado por Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos; Carlos Simarro, director general de Costas y Litoral; y Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo.

La principal medida que se ha tomado en materia de recursos hídricos permite a los ayuntamientos conceder licencias o autorizaciones para actividades y usos del suelo en la zona de policía, sin necesidad de tramitar la autorización ante la administración hidráulica. “Esto será posible siempre que su plan de ordenación urbana o normas subsidiarias hayan recogido las previsiones aprobadas por los planes de gestión de riesgo y hayan sido informados por la administración hidráulica, o bien, dispongan de estudios hidrológicos e hidráulicos validados por esta administración de acuerdo con el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Plan Hidrológico de las Illes Balears”, ha aclarado Calafat. Esta medida permitirá una mayor autonomía a los ayuntamientos y agilizará significativamente los procesos administrativos.

En segundo lugar, se delimitarán, revisarán y actualizarán las zonas inundables y potencialmente inundables a partir de estudios realizados por Recursos Hídricos, por otras administraciones competentes en materia de ordenación del territorio, urbanismo, protección civil o por los promotores interesados en desarrollar proyectos en zonas que no dispongan de dichos estudios, los cuales, en todos los casos, deberán ser validados por la Administración hidráulica. "Estamos trabajando para asegurar que todas las áreas de riesgo estén claramente identificadas y actualizadas, estableciendo planes de gestión del riesgo y por tanto garantizando así la seguridad de las personas, de los bienes y de nuestras infraestructuras", ha explicado Calafat. Se agiliza su tramitación haciendo simultáneamente el trámite de audiencia y exposición pública en el trámite de validación.

Durante la rueda de prensa, el conseller Lafuente ha destacado que el objetivo de este decreto ley “es garantizar que se cumplan los estándares de seguridad y sostenibilidad en todas las construcciones”. Y también ha subrayado que "estas medidas permitirán una gestión racional del territorio, equilibrando el desarrollo con la protección del medio ambiente".

"El Decreto Ley es una respuesta a la necesidad de simplificar los procesos administrativos sin comprometer la seguridad”, ha señalado el conseller, quien ha vuelto a incidir en "el intenso esfuerzo para reducir los trámites innecesarios y agilizar los procesos, asegurando que se cumplan todas las normativas de seguridad y protección ambiental”.

Con este Decreto Ley queda garantizada la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo de inundación y las limitaciones de construcción en suelo rústico quedarán definidas por los mismos planes de gestión validados por la administración hidráulica, manteniendo las limitaciones de superficie y volumen de piscinas con el fin de reducir el consumo de agua y la obligación de aprovechar el agua de lluvia.

Costas y Litoral: delegación de competencias a municipios
En el ámbito de Costas y Litoral, se ha anunciado que las autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre para eventos de interés general con repercusión turística, y para obras, usos y actividades en tramos urbanos de playas, podrán ser delegadas a los municipios costeros de las Illes Balears. Esta medida permitirá una gestión más eficiente y directa de los espacios por parte de los ayuntamientos, que conocen mejor las necesidades específicas de su territorio. "Todo ello nos permite reducir trámites y burocracia, proporcionando seguridad jurídica y agilizando los procesos administrativos”, ha aclarado Carlos Simarro, director general de Costas y Litoral.

Los ayuntamientos interesados deberán acreditar que tienen la capacidad técnica y de gestión adecuada para ejercer estas competencias. Esta delegación no solo facilitará la tramitación de autorizaciones para actividades turísticas y recreativas, sino que también simplificará otros usos en las zonas urbanas de las playas. "La delegación de competencias a los municipios asegura que las decisiones se tomen de manera más rápida y eficiente, lo que beneficia tanto a los residentes como a los visitantes”, ha explicado Simarro. La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua mantendrá un rol de supervisión y coordinación para garantizar que las normas se cumplan adecuadamente.

Además, esta delegación incluye la facultad para autorizar mediante declaración responsable para usos y actividades en la zona de servidumbre de protección de costas, siempre que no impliquen un incremento de volumen, altura o superficie ni un cambio de uso, según el Reglamento general de costas.

Puertos y Transporte Marítimo: vigilancia, inspección y gestión de las aguas

Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo, también ha dado a conocer las modificaciones a la Ley 10/2005 de puertos de las Illes Balears, poniendo especial énfasis en la vigilancia, inspección y gestión de las aguas costeras. Estas nuevas medidas están diseñadas para asegurar la calidad y la protección de las aguas, que son un recurso vital para la comunidad balear. "Nuestra prioridad es garantizar que las aguas estén limpias y sean seguras para todos los usuarios”, ha concretado Mercant.

Las funciones de PortsIB se amplían para incluir la prevención, limpieza y mejora de la calidad de las aguas. Esta nueva legislación también contempla una vigilancia, inspección y gestión adecuadas, asegurando que se cumplan todas las normativas ambientales. Además, la ley contempla otros aspectos como la gestión y protección del dominio público portuario y la concesión de licencias portuarias. "Nuestro objetivo es optimizar la gestión económica y garantizar la seguridad de los usuarios”, ha recalcado Mercant.

Con estas medidas, el Govern reafirma su compromiso con la eficiencia administrativa, sin comprometer la seguridad y el medio ambiente, asegurando un desarrollo sostenible y ordenado en las Illes Balears.