Ensenyat recurre su imputación al alegar que es 'incierto' que no aportara la documentación que justifique los pagos

El alcalde de la localidad mallorquina de Esporles, Miquel Ensenyat, ha presentado este viernes, a través de su abogada, Francisca Mas, un recurso de reforma contra su imputación por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, quien le acusa de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, tras otorgar 4.547 euros a la entidad 'Pas Amics del Camí', a través de dos convenios firmados entre el Ayuntamiento y esta asociación en 2009 y 2010.

A través del citado recurso, Ensenyat señala que la decisión de la jueza de llamarle a declarar en calidad de imputado para el próximo 26 de julio se basa "únicamente" en el escrito del Ministerio Fiscal del pasado 17 de junio, que señalaba que "por cuanto no obra en el expediente relativo al citado convenio informe que la justifique, trabajo desarrollado por 'Pas del Camí' y las facturas presentadas por la asociación y en su día abonadas por el municipio, tienen un concepto que no se ajusta a lo contratado".

Sin embargo, el primer edil afirma que ello es "incierto", dado que, según indica, el pasado 10 de abril, el Consistorio de Esporles "aportó a los autos documentación adicional que se encontraba en el departamento de contabilidad y, posteriormente, el 2 de mayo se aportó también justificación complementando las tareas efectivamente realizadas en este municipio", documentos que, a su juicio, "precisamente acreditan los extremos que echa en falta el fiscal".

En el recurso, la letrada de Ensenyat también estima que es "innecesario" que declare personalmente el alcalde de Esporles, ya que "todo lo que pueda manifestar esta persona en relación al expediente en cuestión, puede ser acreditado por medio de certificaciones de la secretaria de este Ayuntamiento".

Al mismo tiempo, apunta que se ha citado en calidad de imputado a Ensenyat por medio de una Providencia, "resolución judicial destinada únicamente a resolver cuestiones procesales que nunca pueden utilizarse cuando se decidan cuestiones esenciales que afecten de manera directa a las partes".

Finalmente, la abogada del primer edil recalca que es "innegable" que, a pesar de que la figura del imputado va unida formalmente a más garantías, "lo cierto es que las consecuencias de esta calificación jurídica no son inocuas".

Así, subraya que ello ha quedado "patente" en esta misma causa, ya que ser imputada "ha conllevado la renuncia de cargos electos por razón de códigos internos de formaciones políticas", refiriéndose así a la decisión de la exdiputada de MÉS, Joana Lluïsa Mascaró, de dejar su escaño el pasado mes de marzo en el Parlament, tras ser imputada en esta causa.

Cabe recordar que el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán considera que el equipo de Gobierno del Consistorio de Esporles no justificaron los trabajos contemplados en los citados convenios, a través de los cuales se pagó 1.624 euros en 2009 y 2.923 euros en 2010 a la entidad 'Pas Amics del Camí', con el fin de que elaborase una ruta senderista común de los Països Catalans.

El portavoz de MÉS en el Parlament, Biel Barceló, anunció este jueves que, de momento, Ensenyat continuará como alcalde de Esporles, si bien si una vez que concluya su declaración, la jueza le mantiene su condición de imputado, éste pondrá su cargo a disposición del partido.

No obstante, Barceló manifestó que en su partido están "tranquilos", porque saben que las cosas "se han hecho bien" y, por tanto, en su opinión, se demostrará que "no hay ninguna irregularidad en este expediente".

SEGUNDO DIRIGENTE DEL PSM IMPUTADO

Cabe recordar que Ensenyat es el segundo dirigente del PSM imputado en esta causa, después de que también lo fuera la exparlamentaria de MÉS Joana Lluïsa Mascaró, quien tras ser imputada, dejó su escaño en la Cámara autonómica.

Asimismo, el pasado 3 de abril, González decretó libertad sin fianza para el coordinador de la entidad 'Amics del Camí', Emili Gallardo, quien se encontraba en prisión provisional desde la madrugada del 26 de marzo por el cobro presuntamente 'a dedo' de unos 43.000 euros desde el Departamento de Cultura del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura.

Mascaró aseveró, tras ser imputada, que una vez revisados los documentos relacionados con la citada subvención de 43.000 euros, no ha visto nada que pueda ser constitutivo de delito, de forma que justificó que se adjudicaron 18.000 euros por un contrato menor, lo que está contemplado por la Ley, mientras que el resto de la cuantía se abonó mediante la convocatoria de un expediente al que podían optar, tanto la asociación indagada, como otras entidades, según puso de manifiesto.