Aseguran que Cerdó creó una oficina en Emaya para cazar votos para UM

El ex responsable de Medio Ambiente de Emaya Germán Chacártegui ha afirmado al juez del caso Ossifar que Cristina Cerdó, ex presidenta de esta empresa municipal, creó una oficina para conseguir votos para Unió Mallorquina (UM).
Chacártegui, que colabora con la Fiscalía en este caso de corrupción, ha indicado al juez Pedro Barceló que la idea de crear la oficina, en teoría encargada de la atención a la ciudadanía, partió tanto de Cerdó como de la exgerente de Emaya Malén Tortella.
El imputado ha asegurado que acudió a la reunión donde Cerdó y Tortella propusieron crear este departamento "para favorecer la votación de Unió Mallorquina".
Además, ha indicado que en este encuentro Cerdó manifestó "que este tipo de oficina ya lo había creado el Partido Popular a través de los controladores medioambientales".
"Si lo ha hecho el PP, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?", se preguntó entonces Cerdó, según la versión de Chacártegui.
En esa oficina se contrató a cinco personas relacionadas con UM y la misma tenía "dos misiones", la primera de las cuales era dar "charlas" a todos los contratados por Emaya para "recordarles que en las siguientes elecciones esas personas deberían pagar ese favor que había hecho UM al contratarles". Su segundo objetivo, ha añadido, era "atender a clientes VIP, personas afines a UM".
A la oficina también acudían representantes de asociaciones de vecinos y de la tercera edad para solicitar alguna prestación de Emaya, a los que se les contestaba, según Chacártegui, "que se les atendería pero que en las elecciones tenían que votar a UM".
El exresponsable de Emaya se ha referido asimismo a una serie de concursos otorgados por la empresa municipal y en los que, según ha dicho, se vio "obligado" a firmar "documentos incorrectos".
Ha apuntado que las empresas "favorecidas con documentos irregulares" en estos concursos fueron Seguridad y Limpiezas, Melchor Mascaró y Motorisa.
Ha afirmado que Tortella era quien le decía quién tenía que ser el adjudicatario de los concursos y que por ello le ordenaba descartar a la empresa que él había propuesto inicialmente y que a su juicio era más apropiada.
El juez investiga en el caso Ossifar los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en torno a Emaya, comandada por UM hasta el año 2010, cuando se expulsó a este extinto partido del consistorio por los casos de corrupción que le afectaban.