Actualizado el 17/03/2021 10:33 Compartir
Agentes de la Policía Nacional, detuvieron la semana pasada a tres personas españolas por integrar un grupo criminal dedicado a las estafas, entre los que se encontraban los principales encartados, un hombre de 37 años, su pareja, una mujer de 42 años, así como el tercer miembro, un hombre de 42 años.
Desde principios del año 2020 se detectaron operaciones fraudulentas que tenían unas características en común, consistiendo preferentemente en la formalización fraudulenta de líneas de crédito con reconocidas entidades financieras, en la que se utilizaban datos de terceras personas sin que éstas tuvieran conocimiento ni hubieran autorizado la formalización de dichas operaciones.
Una vez realizaban los contratos mercantiles y obtenido el dinero, dirigían transferencias a cuentas que el grupo criminal manejaba y extraía el efectivo en cajeros automáticos. De igual modo se llevaban a cabo compras online, recogiendo la mercancía en diferentes direcciones de la geografía mallorquina.
Modus operandi definido
Durante la investigación se observó la existencia de un modus operandi definido y recurrente por el cual, teniendo acceso a documentación y datos personales de las potenciales víctimas, abrían de forma online cuentas bancarias y solicitaban líneas telefónicas prepago a nombre de éstas, para a continuación dirigir petición de línea de crédito/compra financiada a las entidades de crédito, aportando esta documentación obtenida fraudulentamente y una nómina falsificada, a fin de dar fianza de los ingresos del que sería el titular del préstamo.
Una vez realizado este trámite, indicaban que se realizasen las transferencias a una cuenta que el grupo manejaba a nombre de las víctimas, sin conocimiento ni autorización, tras lo que, disponiendo del dinero, era retirado en efectivo en cajeros automáticos.
De igual modo realizaban compras financiadas de modo telemático, pedido que se debía entregar en una dirección facilitada, si bien eran recogidos por los investigados en la propia vía pública, tras contactar con los repartidores a través de los números de teléfono prepago aportados, perdiendo así el rastro de la mercancía.
Ocultación, anonimato y fuga peligrosa de los dos principales investigados
Los investigadores realizaron arduas gestiones para el esclarecimiento de los hechos, en el que consiguieron identificar a los principales investigados, tratándose de una pareja afincada en Mallorca, comprobando como los mismos habían adoptado una serie de hábitos que les garantizaba su ocultación y anonimato en su vida cotidiana, sin disponer de un domicilio fijo y cambiando frecuentemente de vehículo, dificultando con ello su localización.
De hecho, sabían que al principal investigado le constaban seis requisitorias judiciales que interesaban su detención y algunas de ellas su ingreso en prisión, sin que hasta el momento fuera localizado.
En dos ocasiones, una en junio del año pasado y otra en febrero, cuando los dos principales investigados circulaban en vehículo, en el momento que se iba a proceder a la detención, se dieron a la fuga provocando daños en vehículos policiales e intento de atropello de dos de los policías.
Datos esenciales para cometer las estafas obtenidos del tercer implicado
Los agentes pudieron comprobar cómo en las operaciones financieras se aportaba documentación falsificada de las víctimas y que existía un punto en común de todas ellas, en concreto, que tenían o habían tenido en el pasado cuenta en una misma entidad bancaria, por lo que los investigadores sospecharon que alguien de esa entidad les pudiera facilitar los datos e información necesaria para poder llevar a cabo la estafa.
Los investigadores tuvieron la ayuda inestimable de la entidad financiera y después de una laboriosa investigación, pudieron identificar a un empleado, concretamente a un director de una sucursal bancaria sita en Mallorca, obteniendo indicios y pruebas que le vinculaban con los hechos.
Éste tenía acceso a documentos personales de las víctimas y a más información de las mismas, llamando la atención que todas ellas no tenían domicilio en la cercanía de la zona de influencia de la sucursal en la que trabajaba. Incluso algunos de los perjudicados tenían residencia fuera de Baleares, como Valencia, Madrid y otras ciudades de la Península.
Detenciones de los investigados
Finalmente, los agentes del grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, tras varios dispositivos de búsqueda, procedieron a la detención en la localidad de Sa Pobla, de los dos principales investigados, el pasado martes nueve de marzo, como presuntos autores de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad y daños, interviniendo a los detenidos dinero en efectivo y una tarjeta bancaria a nombre de una de las víctimas, entre otros efectos.
Ambos pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.
Posteriormente los agentes pudieron localizar al tercer investigado, el director de la entidad bancaria, procediendo a su detención el pasado jueves once de marzo en la localidad de Manacor, como presunto autor de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.
Entrada y Registro
El pasado día quince de marzo, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio de los principales investigados, ubicado en Sa Pobla, donde intervinieron numerosa documentación a nombre de las víctimas y otros perjudicados de los que no se tenía constancia. Además de treinta teléfonos móviles de alta gama, algunos preparados para su venta, relojes inteligentes, cuatro televisores, siete ordenadores portátiles, tablets, dos placas fotovoltaicas y otros efectos.
También se intervino una maquina lectora de tarjetas bancarias, una impresora y cuarenta tarjetas blancas listas para su impresión.
La investigación continúa abierta al objeto de localizar a más perjudicados, acreditando hasta el momento ciento treinta mil euros estafados, si bien atendiendo a la documentación intervenida en el domicilio y el hallazgo de más víctimas, se estima que dicho importe superará los doscientos mil euros.
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