
Actualizado el 06/05/2020 18:02 Compartir
La investigación se inició por la unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría de Ibiza tras tener conocimiento que dos mujeres estaban siendo coaccionadas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo continuas amenazadas de ser expulsadas del piso donde vivían si no obtenían ingresos suficientes para poder pagar el alquiler de la habitación que ocupaban, llegando incluso a ser agredida físicamente, una de ellas.
El piso donde residían y en el que estarían siendo obligadas a ejercer la prostitución, había sido controlado por efectivos de la U.C.R.l.F. en numerosas ocasiones desde hacía varios años, teniendo como referente común en los últimos tres años, que la encargada y responsable de la vivienda era la misma persona.
Esta persona, bajo el pretexto de cobro de alquiler de las habitaciones que ocupaban las mujeres, controlaría directamente la actividad mediante la inserción de anuncios en distintas páginas Web de contactos sexuales, a través de las cuales captaría clientes para las mujeres que tenía alojadas en la vivienda.
Descenso de la actividad con motivo del Estado de Alarma
En la situación actual, debido al Estado de Alarma, había descendido el número de clientes, lo cual no habría sido obstáculo para que la presunta autora siguiera exigiendo el pago integro de sus ingresos en concepto de alquiler de las habitaciones de la casa, y habría cobrado directamente a los pocos clientes que han acudido en las últimas fechas, y supuestamente se habría quedado el 80% de los contactos sexuales las mujeres
Las denunciantes se encuentran en una delicada situación económica y de vulnerabilidad, teniendo familiares en su país que dependen económicamente de sus ingresos y del dinero que les remiten, por lo que se ha informado de su situación a una ONG en la isla para su asistencia.
Con la implantación del Estado de Alarma, se ha detectado en la isla de Ibiza varios casos en los que mujeres extranjeras de distintos orígenes, que residen en pisos y viviendas en los que habitualmente ejercen la prostitución, han visto drásticamente reducidos sus ingresos, ante la prohibición de movilidad de los ciudadanos, no pudiendo pagar las rentas del alquiler y alojamiento, siendo presionadas, amenazadas, coaccionadas, e incluso agredidas físicamente por los responsables de los pisos para que sigan pagando por la ocupación de las habitaciones que ocupan o que abandonen la vivienda.
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