
Actualizado el 25/04/2020 17:01 Compartir
La investigación policial comenzó el pasado mes de julio. La policía comenzó a seguir la pista de una oficina, con apariencia de gestoría, que podría estar dedicándose a la creación de empresas falsas con la única intención de cobrar grandes cantidades de dinero a ciudadanos extranjeros a cambio de su alta en la Seguridad Social.
Los agentes estuvieron durante meses siguiendo la pista de las actividades de los investigados, pudiendo comprobar cómo, presuntamente, se dedicaban a la venta de contratos falsos de trabajo a ciudadanos extranjeros con la intención, a cambio de una importante cantidad de dinero, de regularizar su situación en el país.
La organización no se dedicaba solo a emitir falsos contratos de trabajo, sino que también falsificaba documentación relacionada con alquileres domiciliarios o que justificara arraigo en España, siempre con la intención de defraudar a la Seguridad Social, bien a través del alta en la misma o el cobro de prestaciones o subvenciones.
Pero tras cerca de una año de investigación la operación policial se precipitó, la Policía Nacional descubrió las intenciones de los detenidos, que no eran otras que llevar a todos sus trabajadores ficticios de sus diferentes empresas ficticias a un ERTE, lo que provocó que los agentes establecieran un dispositivo policial para evitar una importante defraudación económica al erario público.
Documentación relacionada con la actividad criminal y 15.000 euros
Los agentes llevaron a cabo el operativo policial el pasado lunes, cuando se detuvo, en una primera fase de la operación a los tres cabecillas de la organización. Además, también se practicaron dos registros, uno de ellos en un domicilio y otro en la oficina que utilizaban como centro de operaciones, en donde los agentes intervinieron cerca de 15.000 euros en efectivo, además de ordenadores, tablets, teléfonos y una gran cantidad de documentación que vinculaba a los arrestados con su presunta actividad delictiva.
La investigación continúa abierta, la UCRIF de la Jefatura Superior de Murcia, así como el Juzgado de Instrucción Nº 8 de los de Murcia que entiende del caso, continúan investigando en torno a la documentación intervenida en los registros, con la intención de localizar a los testaferros de las empresas, cómplices, beneficiarios, así como todos que hayan tenido o tengan algún tipo de relación criminal con la organización.
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