La Policía Nacional libera a 20 personas que vivían confinadas en un restaurante en condiciones infrahumanas

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 20 personas que vivían confinadas en condiciones infrahumanas en un restaurante del madrileño barrio de San Blas. Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año, habitaban en un espacio de apenas un metro y medio de largo por 400 euros al mes. Cuando no podían hacer frente al pago exigido eran sometidas a coacciones, impidiéndoles el acceso a servicios básicos, obligándoles a dormir en espacios aún más reducidos e incluso les amenazaban con contagiarles la enfermedad Covid-19. Se ha detenido a dos personas, la propietaria del restaurante y el dueño del inmueble, a los que se atribuyen delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, coacciones y delito contra la salud pública.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron que en el interior de un restaurante, que había cesado su actividad comercial, podrían estar alojadas varías personas sin hogar en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Por este motivo los investigadores elaboraron un dispositivo para realizar una inspección en el interior del establecimiento, encontrando en él a un total de 20 personas de distintas nacionalidades -España, Bangaldesh, Colombia, Filipinas, Honduras, Perú, Portugal y Venezuela- entre las que se encontraban dos bebés de menos de un año de edad.

Colchones sobre la barra del bar

Los investigadores detectaron que las víctimas vivían en el interior del establecimiento en condiciones insalubres, hacinadas en espacios muy reducidos y no aptos para la habitabilidad. Los responsables habían instalado colchones en la barra del bar, en la cocina bajo la campana extractora o en el patio trasero, separando cada “estancia” por cartones o plásticos.

Las investigaciones permitieron averiguar que la propietaria del negocio, una vez cesada su actividad comercial, arrendó pequeños espacios a personas con dificultades económicas por 400 euros al mes. También detectaron que en el caso de que alguna de las víctimas no pudiera efectuar el pago íntegro del alquiler, les impedía el acceso a los suministros básicos y les trasladaba a espacios aún más reducidos como pequeños aseos o incluso a una cámara frigorífica. Además, para amedrentar aún más a las víctimas, manifestaba ser portadora del Covid-19 y tosía y estornudaba sobre los platos y otros enseres cuando se encontraban en la hora de la comida.

Tras identificar y localizar a la propietaria del restaurante, los agentes la arrestaron como presunta responsable de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y un delito contra la salud pública. Así mismo, gestiones posteriores permitieron detectar que el propietario del inmueble era conocedor de las prácticas de la arrestada, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Las investigaciones continúan abiertas ya que no se descarta la existencia de otras personas implicadas debido a que alguna de las víctimas se encontraba empadronada en el local del negocio de hostelería.