El juez subraya que la corrupción policial en Palma 'daña peligrosamente a la justicia' y prorroga el secreto de sumario

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha decretado prorrogar el secreto de sumario de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local con la connivencia y el respaldo de diversos cargos públicos, y lo hecho mediante un nuevo auto en el que subraya cómo la actuación de los numerosos agentes investigados "daña peligrosamente a la justicia".

En su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez apunta asimismo a la supuesta actuación delictiva por parte de policías de la que, hasta ahora, "no se tenía aún constancia" y que "deberá ser investigada" bajo el amparo del sigilo sumarial.

"Existen indicios de nuevos y graves delitos cometidos por numerosos policías locales señalados con nombre y apellidos, a quienes se les habrían entregado sobres de dinero" a cambio, asevera el magistrado, de avisar de la realización de inspecciones, entre otras medidas. Y todo ello, incide, mediante "el chantaje, la coacción y el uso torticero del poder".

El instructor de estas pesquisas, que la pasada semana acordó enviar a prisión sin fianza a seis de los nueve últimos policías detenidos por estas presuntas extorsiones principalmente a empresarios de la Playa de Palma "protegidos" por sus mandos policiales y con el apoyo de diversos cargos políticos, abunda en el establecimiento de conexiones directas entre intereses empresariales "en perjuicio de las exigencias de la Ley".

ORGANIZACIÓN "INSTALADA DE MANERA PERMANENTE EN EL DELITO"

Penalva hace hincapié en el 'modus operandi' de los agentes, que actuaban de forma coordinada "como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones" y en base siempre a "intereses espúreos".

Se trata de unas investigaciones que, recuerda, derivan de las pesquisas en torno a la supuesta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

En este sentido, el juez destaca la filtración de los exámenes "a individuos relacionados con la participación delictiva en Playa de Palma" y que, concreta, habría sido propidiada por el entonces director de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, y el exintendente jefe de la Policía Local Antonio Vera.

OBSTRUCCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

Es más, subraya que Vera, "en coordinación con el inspector Sr. Quetglas, habría archivado de plano una denuncia" contra uno de los agentes imputados, Daniel Montesinos, en la que se alertaba de sus negocios en la Playa de Palma. También alude al exconcejal de Seguridad Ciudadana Guillermo Navarro por su intento de obstruir las investigaciones.

El auto señala que nuevos testigos protegidos han declarado a lo largo de octubre y, en sus comparecencias, "siguen corroborando la realidad de los hechos denunciados por ya muchos empresarios". Es por ello que el magistrado considera que la prórroga del secreto sumarial "se estima en consecuencia necesaria y proporcionada a la gravedad de los delitos, atendida su significación social y a las penas previstas para delitos contra la Administración pública".