
Actualizado el 22/10/2015 06:35 Compartir
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Vera pide asimismo que se incauten las grabaciones que permitan determinar la procedencia de los correos electrónicos que han sido recientemente aportados al caso, y que revelarían el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro del cuerpo durante la pasada legislatura.
El imputado quiere con ello evitar la destrucción de las filmaciones por tratarse de una prueba "plenamente esclarecedora".
La petición se produce después de que, este martes, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, imputase a tres funcionarios de Cort que acudieron a declarar en calidad de testigos, pero para quienes finalmente el juez modificó su condición procesal al considerar que participaron en las irregularidades investigadas.
En concreto, las imputaciones se produjeron a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, quien atribuye a todos ellos delitos de malversación y prevaricación. Sus nombres, Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas.
Vera negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas a oficial y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.
Se trata de unos hechos que llevaron a la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.
También se encuentran encausados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el comisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.
Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.
En relación a estos hechos fueron detenidos el pasado mes de enero ocho agentes de la Policía Local, mientras que ya antes habían sido arrestados el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.
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