Piden 40 años de cárcel a siete acusados de secuestrar y torturar a un joven en Inca

La fiscalía pide sendas penas de cinco años y diez meses de prisión para siete acusados de secuestrar y torturar a un joven en Inca en un posible ajuste de cuentas entre narcos. Los sospechosos reclamaban a la víctima 3.600 euros, según las pesquisas de la Guardia Civil por una partida de hachís que no había pagado, y durante un día la retuvieron, golpearon, acuchillaron y quemaron para que les diera el dinero. El juicio debía celebrarse ayer en la Audiencia Provincial con un acuerdo de conformidad entre las defensas y la fiscalía, que llegó a ofrecer un año y medio de cárcel para cada acusado frente a los cuatro años de su petición inicial. Pero las desavenencias entre algunos de los procesados sobre quién debía pagar la indemnización a la víctima frustró el pacto, provocó la renuncia de uno de los letrados, obligó a aplazar la vista hasta febrero del año próximo y llevó al ministerio público a pedir finalmente casi seis de cárcel para cada uno y su ingreso inmediato en prisión preventiva. Los hechos se remontan a la tarde del 29 de junio de 2009, cuando según el relato de la fiscalía, los siete procesados, de origen magrebí, se presentaron en la vivienda de un joven compatriota suyo en Inca y le obligaron a entrar en un coche. Le llevaron a un monte a las afueras de la ciudad, donde le exigieron 3.600 euros bajo amenazas de muerte. Fuentes de la investigación señalaron que al parecer se trataba de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, al parecer por una partida de hachís, aunque el fiscal no hace referencia a ello en su escrito de acusación.
Tras estas amenazas, la víctima recibió una lluvia de golpes antes de que uno de sus secuestradores le clavara un cuchillo en la pierna. Otro de los procesados habría disparado una escopeta y, aunque los proyectiles no alcanzaron al joven, le causó quemaduras en una pierna con el cañón caliente del arma. Las agresiones se repitieron en otros dos puntos del monte, donde tras propinarle más golpes, amenazaron al joven con cortarle los dedos de la mano, matarlo y quemarlo, al tiempo que le mostraban una garrafa con gasolina.
Los autores del secuestro consiguieron que la víctima llamara a su hermano para pedirle el dinero que le reclamaban, explicándole que debía entregárselo a uno de ellos. Ya al día siguiente y sin la cantidad que reclamaban pero con un compromiso de pago, los acusados abandonaron al herido a su suerte. El joven sufrió traumatismos y hematomas por todo el cuerpo y fue atendido en un hospital. La Guardia Civil detuvo un día después a los siete sospechosos.
Acuerdo frustrado
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusaba a los procesados de un delito de detención ilegal, con la agravante de abuso de superioridad, y una falta de lesiones y reclamaba sendas penas de tres años y diez meses de cárcel. De los siete acusados, dos se encuentran en paradero desconocido y otro ha sido ya expulsado de España. Los otros cuatro sospechosos comparecieron ayer en la Audiencia Provincial de Palma para ser juzgados.
Según explicaron fuentes jurídicas, los abogados defensores y el ministerio público tenían cerrado un acuerdo para que los acusados se conformaran con penas de un año y medio de prisión e indemnizaran a la víctima con 3.000 euros. Una importante rebaja en las condenas que dos de los procesados se negaron a aceptar, debido según las mismas fuentes a que no querían pagar tanto dinero al afectado, y comenzaron a culparse entre ellos de los hechos.
Dinamitado el pacto, la fiscalía reaccionó con dureza. Al principio de la vista modificó al alza su escrito de acusación. Introdujo un nuevo delito –trato degradante– y pasó a reclamar penas que suman cinco años y diez meses de cárcel para cada uno de ellos. Además, aumentó a 5.000 euros la indemnización para la víctima.
Las divergencias entre los dos procesados díscolos llevaron a su letrado, que representaba además a un tercer procesado, a renunciar al caso, argumentando que no podía mantener la línea de defensa. De esta manera, el tribunal de la sección segunda decidió aplazar el juicio hasta el 7 de febrero del año próximo.
Las consecuencias para los acusados no acabaron ahí. La suspensión del juicio llevó a la fiscalía a pedir su ingreso inmediato en prisión preventiva por riesgo de fuga.
Los magistrados optaron por una solución intermedia: retiraron los pasaportes a tres los sospechosos que se habían quedado sin abogado y les informaron de que deberán comparecer a diario a las diez de la mañana en la Audiencia. Además, les dieron tres días de plazo para designar un nuevo letrado, tras lo que se celebrará una vista para decidir acerca de su ingreso en prisión preventiva.