Sociedad | Tribunales

Los jueces de Palma amenazan con una huelga indefinida

Actualizado el 21/09/2012 15:41 Compartir

Los jueces de Palma se han mostrado hoy dispuestos a convocar una huelga indefinida en el plazo más breve posible como medida de presión ante los recortes y las propuestas de reformas de la justicia propuestas por el Gobierno central.
Además, los jueces han pedido la dimisión de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y han acordado reprender al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su "manifiesta injerencia" en la independencia de los jueces.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha afirmado hoy en declaraciones a los periodistas que estos han sido los puntos aprobados por unanimidad a los que han llegado los 50 jueces de Palma que se han reunido hoy en junta.
Martínez ha asegurado que la fecha de la convocatoria de la huelga indefinida aún se desconoce porque dependerá de que se acceda a las peticiones de los jueces y de que se reconozcan los derechos para negociar por sus intereses de la comisión interasociativa de conflicto integrada por todas las asociaciones de jueces y fiscales.
"A lo mejor mañana se reúnen y nos dan la razón en todo", ha señalado Martínez, que ha dejado claro que esta propuesta de paralización es respuesta a la situación de "hartazgo" y a la expresión de "un malestar absoluto" del sector judicial.
El juez decano de Palma ha reconocido que las consecuencias de una huelga indefinida pueden ser "nefastas" incluso a nivel internacional, pero considera que la situación les está abocando a ello.
"Nuestros compañeros viven una situación de tal desánimo y de tal crispación ante todo lo que vemos que ha venido encima y nos puede venir, que la única posibilidad es decir basta ya", ha resaltado.
Los jueces protestan contra el anteproyecto de ley de reforma de la ley orgánica del poder judicial porque "supone un gravísimo ataque cuando no la desaparición del poder judicial", que limita sus funciones y derechos "seriamente matizados por un régimen de absoluta incompatibilidad".
En opinión de Martínez, si el poder judicial desaparece, "solo quedará el poder ejecutivo", y se eliminaría el "tercer poder", la vía de defensa de los ciudadanos.
Este proyecto de ley "añade una gota más al vaso de la carencia de medios absoluta que tenemos", ha precisado Martínez, que ha señalado que España es uno de los países con la ratio de jueces más baja de la Unión Europea: 10 por cada 100.000 habitantes, cuando la media en el resto de la comunidad es de 20.
"El punto de conflicto es la desatención tradicional y absoluta de la justicia en muchos años, es el no reconocimiento de la precariedad de medios, incluso los informáticos, llevamos semanas con el sistema caído", ha apuntado.
Esta reforma pretende cargar aún más de trabajo a los jueces titulares y prescindir de los sustitutos, lo que supondría que los cerca de 800 profesionales que existan en España pasen a sustituirse entre sí, lo que sería "inasumible", ha explicado Martínez, que ha destacado que actualmente la plantilla es la mitad de la que debería ser. De ahí, la necesidad de los jueces interinos, ha apuntado.
Ha destacado que la justicia lleva 30 años recortada, pero ahora se está llegando a la "limitación absoluta" y la "quiebra del sistema", ya que se pretende afectar "a la independencia de los jueces".
En relación a la posibilidad de trabajar a reglamento, Martínez ha precisado que esa medida la puede tomar cualquier juez sin llegar a un acuerdo, pero ha destacado que si los casos salen adelante es gracias al sobreesfuerzo permanente de los magistrados.