Munar se niega a declarar ante el juez que investiga el presunto soborno cobrado por los terrenos de Can Domenge

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de un soborno de cuatro millones de euros que habría pagado la promotora Sacresa a altos cargos de la institución insular a cambio de resultar adjudicataria de los terrenos palmesanos de Can Domenge.

La exdirigente de Unió Mallorquina (UM) ha llegado a los Juzgados de Via Alemania a las 9.35 horas, procedente del centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde julio de 2013. Visiblemente más delgada, cabizbaja y con semblante serio, ha salido de un furgón de la Policía Nacional sin esposar y se ha introducido en el edificio en medio de la multitud de cámaras y redactores que aguardaban su llegada.

La exlíder 'uemita' ha sido trasladada a los calabozos de los Juzgados, donde ha permanecido hasta que, pasadas las 10.00 horas, ha sido conducida por varios agentes a la sala donde debía comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell. Una vez en presencia del juez, la imputada se ha negado a declarar.

Al su salida, el letrado que defiende a Munar, José Antonio Choclán, se ha limitado a señalar que su patrocinada se ha acogido a este derecho "por una cuestión de coherencia procesal", al recordar que la sentencia del caso Can Domenge, juzgado a mediados del pasado año por el amaño de la adjudicación de los terrenos -el supuesto cohecho se enjuiciará de forma independiente-, aún está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Munar fue condenada a seis años de prisión.

Tras la comparecencia de Munar, una de las mujeres españolas con mayor trayectoria política a sus espaldas dado que en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa de Baleares, con tan sólo 24 años, ha sido el turno del supuesto intermediario que entregó el soborno, Miquel Llinàs, quien ha reconocido que mientras se tramitaba la adjudicación de Can Domenge le fueron entregados varios paquetes, en dos ocasiones, que tuvo que entregar a Vicens, si bien ha asegurado que no los abrió y que no sabía nada del dinero.

Tal y como han informado fuentes jurídicas, el imputado ha recordado que Vicens le pidió el "favor" de ir a recogerle unos "documentos" y le instó a tener cuidado porque también "había dinero". El exconseller le dijo que ya le concretaría el sitio hasta que fue citado en un bar del Pont d'Inca donde, mientras le llamaban por teléfono, le dieron "un toque en la espalda" y, entregándole el paquete, le dijeron que iba a nombre de Vicens.

Mientras tanto, la segunda entrega se produjo en el bar de un conocido hotel del Paseo Marítimo, donde una persona que ha afirmado no recordar le dio dos paquetes para que se los entregara al entonces conseller de Territorio. Según ha manifestado ante el juez, el fiscal Juan Carrau y los abogados personados en la causa, pasó apuros al salir del establecimiento hotelero por si en ese momento le estaban mirando al imaginarse que también en esos paquetes había dinero.

VICENS ENTREGÓ 35.000 EUROS AL INTERMEDIARIO DEL SOBORNO

En ambas ocasiones, el encausado ha explicado que se citó después con Vicens para entregarle los paquetes. Además, ha recordado que varias semanas más tarde le llamó el exdirigente de UM para quedar y poder darle "un regalo", que consistía en dos bolígrafos de valor y un paquete que contenía 35.000 euros en billetes de 500, supuestamente por las gestiones llevadas a cabo. Según ha apuntado, estuvo pensando si depositarlo en la empresa a través de la cual cobraba comisiones como intermediario, pero finalmente no lo hizo.

Llinàs, quien ya confesó estos hechos en la Policía Nacional, devolvió los 35.000 euros a los investigadores. Finalmente, el imputado ha manifestado que Vicens le tiene "manía" al considerarle "culpable" de que le fueran localizados al exconseller, en una cuenta a su nombre en Andorra, unos 600.000 euros que los investigadores consideran que podría proceder del cohecho de Can Domenge.

Cabe recordar que el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien próximamente declarará por exhorto en Barcelona en el marco de esta causa, reconoció el año pasado que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

El empresario, tras acceder a la petición de Nadal, relató que el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.