Actualizado el 22/01/2014 20:32 Compartir
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Antonio Monserrat, encargado de la defensa de Delgado y de la exresponsable de Comunicación del Consistorio María José Merino, asevera que "lo único" que se infiere del análisis de los distintos expedientes de contratación investigados es que éstos "fueron correctos" y que la intervención de sus patrocinados estuvo precedida en todo momento por la aprobación de los funcionarios a la tramitación de los contratos.
Más en concreto, el abogado rebate las consideraciones efectuadas por la Guardia Civil en relación a uno de los expedientes, el relativo a la 'Asistencia para producción, redacción y realización de Ràdio Calvià'. En este sentido, el Instituto Armado señala que los sobres de plicas presentados por los licitadores presentados a este negociado -entre quienes se encuentra la también querellada Antònia Pastrana- "carecen de cualquier registro de entrada" en el Consistorio.
Sin embargo, la defensa subraya que desde la Guardia Civil "olvidan" que en uno de sus informes consta la fecha de recepción de las plicas así como un documento, del 27 de junio de 2005, emitido y firmado por el servicio de contratación, en el que se refleja que "se ha recibido en este Ayuntamiento la oferta presentada por la empresa Doña Antònia Pastrana".
Es más, subraya que, con independencia de lo anterior, existe un libro al margen del registro de entrada donde quedan reflejados los depósitos de sobres de las licitaciones. "La Guardia Civil no dispone de dicho libro porque no se lo llevó el día en el que se efectuó la entrada y registro del Ayuntamiento, lo que se comunica por si se considerase necesario interesar su aportación a la causa", incide la defensa del exprimer edil.
Mientras tanto, en relación a los informes del Instituto Armado que apuntan a que no se ha hallado documento alguno sobre los ingresos obtenidos por el Consistorio 'calvianer' en relación al adjudicatario de la explotación de la publicidad de la emisora municipal, como tampoco el porcentaje que debía cobrar, la defensa asevera que "en los expedientes no tenían por qué constar las vicisitudes de su ejecución, entre ellas las de comunicación entre el gestor de la radio y el departamento municipal de Comunicaciones".
Cabe recordar que, en una de las resoluciones judiciales dictadas en el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, aludía a la existencia de "sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
La magistrada incoó diligencias a raíz de la querella interpuesta por el grupo municipal socialista de Calvià, representado por el letrado Pablo Alonso de Caso, contra Delgado, Merino, el actual alcalde de Calvià, Manuel Onieva, la periodista Antonia Pastrana y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa.
Por su parte, Delgado dimitió como conseller el pasado 27 de diciembre por "motivos personales", dejando el testigo a quien su sucesor en el cargo, el hasta entonces director general de Turismo, Jaime Martínez. En su intervención ante los medios, al ser preguntado sobre si la decisión se podría haber tomado raíz de las diligencias abiertas contra él por Ràdio Calvià, aseguró que no tiene "nada que ver". "A mí no me mueven estas cosas tan absurdas", llegó a espetar.
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