Actualizado el 19/06/2013 06:40 Compartir
A principios de este mes, el presidente del tribunal de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino, dio hasta este día 19 de plazo al nuevo asistente legal de Munar para estudiar la causa, centrada en la venta presuntamente irregular de los terrenos de Can Domenge a Sacresa por parte del Consell de Mallorca, tras renunciar al letrado que le había representado durante los últimos años, Gabriel Garcías.
Y es que, en un tenso inicio de juicio, la expresidenta de la Cámara balear afirmó haber perdido la confianza en su anterior defensa a raíz de los registros practicados en sus viviendas después de que el exconseller insular Bartomeu Vicens revelase que tanto ambos como Nadal y la propia UM percibieron un soborno de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de los solares palmesanos a Sacresa.
"Tras los registros, la Fiscalía sabe ahora exactamente todo lo que pienso y opino sobre este tema. Se llevaron una libreta donde durante los seis años de instrucción he tomado notas y en la que por cada acusación de la Fiscalía, al lado tenia anotada cuál sería mi respuesta", aseveró Munar. "Quiero empezar de cero en esta causa con un nuevo letrado", llegó a recalcar.
Precisamente, también el máximo accionista de Sacresa confesó mediante un escrito, un día antes del inicio del juicio, que abonó el cohecho a cambio de que la mercantil resultase adjudicataria del solar, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el soborno a cambio de garantizar la concesión a su favor.
Sin embargo, el tribunal califica de "fraude procesal" la actuación ejercida por la también expresidenta del Consell de Mallorca al cambiar de abogado tan sólo dos días antes del inicio del juicio por el caso Can Domenge, una renuncia que a su juicio "encubre una maniobra dirigida a dilatar o impedir" la realización de la vista oral.
Según el auto que dictó para tener por asignado al nuevo letrado de la exdirigente histórica de UM, la Sala incidía en que se trata de una actuación en fraude procesal "expresamente prohibida" por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), puesto que "no tenía otro objeto y finalidad que la de lograr la suspensión del juicio e impedir que éste se celebrase sin fecha de continuación". "Como todo derecho fundamental el derecho a la defensa y la posibilidad que tiene el acusado de renunciar a su abogado no es un derecho absoluto e ilimitado", aseveraba.
El tribunal considera además "muy llamativo" y "revelador de la mala fe procesal de la señora Munar" que el cambio de abogado se produjera después de que la Sala decidiera no suspender la vista oral días antes de la fecha en que estaba fijada, y que no procediese "de inmediato" -tras los registros- a la sustitución de letrado. De forma paralela, los magistrados le impusieron como medida cautelar personarse 'apud acta' todos los lunes y viernes ante el Juzgado de paz del municipio en el que reside, Costitx.
En concreto, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.
Se da la circunstancia de que, en el caso de Nadal, se trata del exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: además de Can Domenge, lo está en los casos Voltor, Maquillaje, Son Oms, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM. Además, detenido hasta en dos ocasiones, fue arrestado por primera vez en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de conseller de la Conselleria de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma.
El caso Can Domenge fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al entonces aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma después de que la exlíder 'uemita' dimitiese como presidenta del Parlament, el 26 de febrero de 2010, a raíz de las acusaciones que contra ella vertió Nadal en el marco del llamado caso Maquillaje.
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