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El Govern pide a los ayuntamientos información sobre suelo disponible para edificar vivienda protegida

El Govern pide a los ayuntamientos información sobre suelo disponible para edificar vivienda protegida

Actualizado el 19/05/2021 17:05                Compartir

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, se ha reunido hoy con el presidente de la Federación de Municipios de las Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, y otros representantes de la entidad, para tratar la necesidad de profundizar en la colaboración institucional para dar soluciones de vivienda a la ciudadanía.

La reunión de hoy ha tenido como objeto informar a los ayuntamientos, a través de la FELIB, de la solicitud que recibirán en los próximos días para aportar a la Conselleria de Movilidad y Vivienda toda la información de su municipio sobre los suelos urbanos o urbanizables que puedan destinarse a vivienda protegida así como, también, sobre los solares o edificaciones destinados a equipamientos por el planeamiento vigente (tanto los edificados como los pendientes de desarrollar) que puedan destinarse a alojamientos dotacionales, estos últimos para ofrecer soluciones transitorias de vivienda.

Al mismo tiempo, se solicitará a los ayuntamientos información sobre si tienen intención de promover o desarrollar planes especiales de vivienda de titularidad pública previstos en el Decreto Ley 3/2020, de 28 de febrero. En este caso, también se pedirá a los consells insulars esta información.

La Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, ya prevé que los ayuntamientos y los consells aporten esta información, de forma que pueda ser tenida en cuenta por la Conselleria de Movilidad y Vivienda a la hora de planificar o articular soluciones de vivienda, tanto permanentes como transitorias; es decir, para determinados colectivos (jóvenes, trabajadores desplazados, etc.) o para abordar situaciones de emergencia.El conseller ha destacado que es precisamente la colaboración de los distintos ayuntamientos, con la cesión de suelos para la construcción de VPO, la que es clave en la ejecución de obras de nueva vivienda protegida en estos momentos, puesto que buena parte de las nuevas promociones que se están construyendo ahora se levantan en suelos municipales cedidos al IBAVI.

A pesar de que la colaboración, con la cesión de suelos por parte de los municipios, está funcionando bien, el conseller ha asegurado que es necesario que se tenga también la mirada puesta en el futuro y que se planifique a medio y largo plazo la construcción de nueva vivienda protegida. «Nunca más hay que volver a parar el ritmo de construcción de VPO que hemos podido lograr», ha afirmado Marí.

Por ello, ha explicado que se pide a los ayuntamientos, y en este caso también a los consells insulars, que indiquen qué equipamientos públicos (previstos en el plan general, ejecutados o no, e incluso en uso) tienen, para comprobar si son compatibles con usos de alojamiento temporal, exceptuando siempre el suelo industrial.

Ha manifestado el conseller que no se puede pensar únicamente en construir nuevas VPO con el planteamiento general, sino que también tiene que haber soluciones imaginativas para atender situaciones de emergencia o de falta temporal de vivienda con alojamientos dotacionales transitorios.

La normativa (el Decreto Ley 8/2020, hoy convertido en la Ley 2/2020) permite este tipo de recursos residenciales (los dotacionales) en suelo destinado a equipamientos, o incluso a equipamientos ya existentes, siempre que los usos sean compatibles; por ejemplo, alojamientos dotacionales sobre un centro de salud o deportivo.

En concreto, la Conselleria solicita a los ayuntamientos (y a los consells, respecto de los equipamientos) la aportación de información sobre:

— Los solares urbanos y urbanizables públicos de qué dispongan y aquellos que en el planeamiento estén previstos como de reserva para vivienda pública.

— El suelo que en el planeamiento figura como equipamiento, detallando si están o no desarrollados (exceptuando el suelo industrial).

— Las edificaciones ya construidas o locales públicos como equipamientos para evaluar si son compatibles con uso de alojamiento dotacional.

Y, finalmente, pide la previsión de desarrollo de planes especiales de vivienda de titularidad pública.


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