Actualizado el 01/02/2014 07:51 Compartir
Tras conocerse que la Policía ha recomendado que la Infanta acceda en coche a los juzgados, evitando así el denominado 'paseíllo', el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ya declaró a Europa Press que el Gobierno "sigue siendo más papista que el Papa y continúa en una estrategia de blindaje de la Infanta".
"Continúa con una estrategia de sobreprotección de la Corona con medidas excepcionales y de cerco y de debilitamiento de la instrucción judicial --sostiene--. Se demuestra que la Corona quiere seguir teniendo privilegios, y no sólo formales, pues podía haber pedido que entrara en carruaje, sino también privilegios jurisdiccionales".
A su juicio, tanto la Casa Real como el Gobierno "siguen empeñados en desautorizar al juez y en blindar a la infanta" y las medidas que han pedido para su declaración son "la metáfora de la impunidad, del privilegio en las formas y en los contenidos".
En esta misma línea se ha expresado el diputado de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, quien ha apuntado que "el nuevo privilegio" que supone 'librar' a la hija menor del Rey del 'paseíllo' "no ayuda en nada" y que los "temores" de la Policía son "infundados".
Baldoví considera que los españoles están ya "un poco asqueados y aburridos" si Doña Cristina entrará o no andando a su declaración del próximo 8 de febrero porque, en su opinión, lo único que quieren es que "todas las personas reciban un mismo trato" y que se le juzgue como a cualquier otro "sin ningún tipo de privilegio", esto, es contando con un fiscal y no con un "abogado defensor".
Desde el BNG, su portavoz en el Congreso, Olaia Fernández Davila, ha apuntado que la hija del Rey debería renunciar a este "privilegio" y bajar andando la ya famosa cuesta de los juzgados de Palma como muestra de "respeto a los ciudadanos".
La diputada nacionalista gallega también ha dicho esperar que, a partir de ahora, las medidas excepcionales que se van a aplicar a la infanta se extiendan a otros personajes conocidos que tengan que declarar en sede judicial. "¿Lo harán también con los que tienen que acercarse a los Juzgados de Sevilla?", se ha preguntado, en alusión a los casos de corrupción como el de los ERE fraudulentos en Andalucía que instruye la juez Mercedes Alaya.
Por otra parte, el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia en la Cámara Baja, Carlos Martínez Gorriarán, considera "lógico y normal" que la Policía haya recomendado que la Infanta Cristina llegue en coche hasta los Juzgados de Palma. "Es una personalidad del Estado cuya seguridad corresponde a la Policía", ha señalado.
Tampoco ha puesto reparos a la decisión del juez Castro de que la declaración como imputada de la hija menor del Rey se grabe sólo en audio y no en vídeo. A su juicio, si el instructor considera que así se preserva la "neutralidad de la instrucción", así hay que asumirlo.
Para Martínez Gorriarán, lo importante en este asunto "no es la imagen, sino el texto", es decir, lo que diga la Infanta, por mucho que para algunos pueda resultar "morboso" ver a un miembro de la Familia Real prestando declaración ante un juez.
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