Actualizado el 16/01/2014 13:54 Compartir
Así lo ha acordado este jueves el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma mediante una providencia en la que responde a la petición de diligencias efectuada ayer por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien, mediante un escrito de doce folios, consideraba "imprescindible" la declaración de todos estos testigos con carácter previo a la comparecencia de la Infanta Cristina, prevista para el próximo 8 de febrero).
En una escueta resolución, el magistrado fija fecha para las declaraciones sin responder, no obstante, a las afirmaciones efectuadas por el fiscal en su escrito, en el que apuntaba que el magistrado se ha apoyado en una "teoría conspiratoria" para imputar a la hija del Rey para "justificar la existencia de indicios delictivos" que avalan su encausamiento.
En relación a las empresas cuyos administradores han sido emplazados a declarar, las pesquisas apuntan a que Urdangarin percibió retribuciones procedentes de estas entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de Aizoon, mercantil de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
La AEAT asevera que Urdangarin "interpuso" a Aizoon para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo" que nada tenían que ver con la actividad de esta mercantil, entre ellos los relativos a sus asesorías.
En cuanto a dos de los inspectores de Hacienda también citados, ambos exoneraron a la Infanta de defraudar a Hacienda, al alegar que no se le puede considerar partícipe o cooperadora necesaria de los supuestos delitos cometidos por su marido por el mero hecho de figurar como socia no administradora de Aizoon.
Sin embargo, a juicio de la Audiencia Provincial de Baleares, que en mayo de 2013 abrió la vía para que la Duquesa fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos --que a su vez percibió ingentes cantidades de dinero público-- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía solicitó el pasado mes de diciembre al juez que abriese diligencias previas contra el responsable del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que acusó de falsear datos fiscales a los anteriores inspectores, lo que fue desestimado por el magistrado.
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