Actualizado el 15/01/2014 11:45 Compartir
Por ello, considera "imprescindible" que, con carácter previo a la declaración de la infanta fijada para el próximo 8 de febrero, los inspectores declaren en calidad de peritos.
Asimismo, el fiscal afirma que el juez instructor del caso, José Castro, ha llevado a cabo una "teoría conspiratoria" en la que se apoya para "justificar la existencia de indicios delictivos" que avalan la imputación de la infanta.
El fiscal sostiene que el juez ha construido su "tesis inculpatoria" sobre estos informes, por lo que considera necesario el someter a "ratificación, ampliación y contradicción" dichos informes que han sido "cuestionados" por el juez.
Horrach indica en su texto que si el propio juez instructor ha puesto de manifiesto "dudas" a cerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a la hija del Rey, a lo largo del que considera como "largo y extenso auto", será conveniente despejar estas dudas.
Así, ha considerado "imperativo" citar a quienes puedan despejarlas, y ha recordado que "las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación".
De otro modo, según destaca el fiscal, "se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos".
Según defiende Horrach, "nadie discute el hecho de que Doña Cristina realizase con cargo a la sociedad gastos estrictamente personales", pero considera que "no tiene sentido, a efectos de la comisión de un supuesto delito fiscal, teorizar sobre gastos personales cargados a la Sociedad", ya que es "nula" su relevancia penal.
Por ello, destaca que la afirmación de Castro, en la que considera como "escasamente probable" que la cuota defraudada supere los 120.000 euros es "de todo punto errónea", ya que no solamente es "escasamente probable", sino "materialmente imposible", afirma Horrach.
"Es imposible, dada la cuantía de los gastos personales --de la infanta--, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", destaca el fiscal en su texto en el que además afirma que, no solamente es posible determinar las cuotas que la infanta podría haber supuestamente defraudado a la Hacienda Pública en sus declaraciones del IRPF, sino que hacerlo resulta "sumamente sencillo".
Y por ello se pregunta el motivo por el cual el juez no lo ha hecho, al tiempo que le señala que "siendo encomiable" su labor, opina que ésta era "innecesaria e induce a confusión", ya que todos los gastos reflejados en las facturas analizadas por el Magistrado ya habían sido objeto de estudio con anterioridad por la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial, quien las había calificado de gastos personales ajenos a la actividad mercantil, y por tanto, gastos no deducibles de la Sociedad Aizoon.
En consecuencia, según ha afirmado "no había nada que discutir al ser más riguroso el informe de la Agencia Tributaria que el análisis del magistrado".
Horrach solicita además la declaración de la Inspectora Jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, ya que, tal y como detalla en su escrito, "ha sido la profesional que ha liderado la investigación policial del denominado Caso Noos, y la que ha realizado el análisis, recopilación de datos y toma de declaraciones en relación con los gastos de Aizoon".
Finalmente, el fiscal afirma que, por todo lo detallado en los doce folios de su escrito, se hace "necesaria e imprescindible la práctica de las diligencias de prueba citadas".
Según fuentes judiciales, el juez Castro estudiará este mismo miércoles el texto del fiscal y decidirá mañana sobre él.
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