Actualizado el 19/06/2013 16:15 Compartir
El jefe del Ejecutivo ha presentado hoy en Moncloa, ante unas 70 personas, las líneas generales del informe que ha elaborado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un órgano que lleva trabajando desde el pasado mes de octubre bajo la dirección de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
Además de la vicepresidenta, han asistido al acto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los miembros de la CORA y el consejo asesor creado para ayudar en esa reforma, el presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, varios consejeros autonómicos --entre ellos la andaluza Susana Díez--, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y empresarios como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Rajoy ha manifestado que el objetivo de las más de 200 medidas "de gran calado" es "hacer las cosas mejor", reducir el gasto en aras a una "mejor eficiencia de la administración", simplificar los trámites, agilizar los procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos, aprovechando las "oportunidades" que ofrecen las nuevas tecnologías. Se trata de suprimir estructuras administrativas "donde no son necesarias" y establecer una "nueva cultura de la gestión pública".
"Es un punto de partida para tener las administraciones que los ciudadanos demandan, mas austeras, más útiles y más eficaces porque el primer beneficiario de las reformas es el ciudadano, con menos formularios, menos papeles y menos ventanilla, a cambio de más facilidad y agilidad y menos costo", ha enfatizado.
Como primera medida, Rajoy ha adelantado que habrá una modificación de metodología en la elaboración de los Presupuestos, en concreto el capítulo II correspondiente a gastos corrientes en bienes y servicios y el capítulo VI de inversiones reales. Según ha explicado, hasta ahora cada Ministerio presupuestaba sus gastos en función de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijado por Hacienda y el nivel de ejecución del año anterior.
"Se propone cambiar esta situación y buscar una mejor asignación de los recursos presupuestarios. Ya no vamos a presupuestar en luz o teléfono lo que me gasté el año pasado o lo que me pidan recortar, sino lo que me debería gastar haciendo una gestión óptima de acuerdo con el tamaño de mis instalaciones y el número de mis empleados. Es lo que se llama presupuesto de base cero", ha resaltado, para añadir que así se podrá adoptar "una contratación más ventajosa para la administración" y supondrá "un ahorro sustantivo".
También se apostará por una gestión de tesorería común de la Administración, ya que, a día de hoy la Administración General del Estado tiene abiertas más de 4.800 cuentas bancarias. Además habrá iniciativas encaminadas a "centralizar los contratos de servicios y suministros en la administración". "¿Qué sentido tiene comprar por separado si juntos podemos comprar mejor y más barato?", se ha preguntado.
En materia de duplicidades entre administraciones, ha señalado que el informe de la CORA recoge hasta 120 medidas y recomendaciones para avanzar en el principio de "una administración, una competencia" y eliminar duplicidades que, si se aplicasen en su integridad, supondrían un "alivio" para los presupuestos de las CCAA y del Gobierno.
Así, ha indicado que las CCAA pueden "prescindir o no" de sus agencias de meteorologías, de sus órganos de defensa de la competencia o de sus agencias de energía, que son estructuras "caras" y desde el Estado se les puede prestar ese servicio "con igual o mejor calidad y sin coste adicional para los ciudadanos". También se ofrece a las autonomías la posibilidad de instalar sus oficinas en el extranjero dentro de las embajadas y consulados de España, algo que "ahorraría mucho dinero" a los ciudadanos.
A la hora de crear nuevas empresas públicas y organismos, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que llevarán a cabo un cambio legal que diga qué tipo de organismos públicos se pueden crear, cuál es su finalidad y con qué recursos podrán funcionar, haciendo un seguimiento "riguroso" de los mismos. También ha adelantado que se simplificarán los procedimientos de evaluación ambiental y se implantará una ventanilla única para el comercio exterior.
Igualmente, ha dicho que se apostará por hacer una realidad la administración electrónica, como demandan los ciudadanos. Así, ha puesto como ejemplo la implantación de la historia clínica digital, de forma que los ciudadanos que se trasladen por vacaciones puedan ser atendidos por médicos con todos los datos de su historia clínica.
"Todo se hace pensando en beneficio ciudadano", ha resaltado, para agregar que hay medidas en el informe como la cita previa electrónica en el servicio público de empleo o la puesta en marcha de la factura electrónica de las administraciones para facilitar las relaciones comerciales con sus proveedores.
Otra de las propuestas concretas que ha destacado es el control de la deuda comercial del sector público a efectos de la estabilidad presupuestaria. Se trata, ha explicado, de integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera. "En aras de un control riguroso se introduce el concepto de periodo medio de pago a proveedores y se obliga a las administraciones públicas a publicarlo periódicamente", ha subrayado, para añadir que esta propuesta pretende acabar con la morosidad de las administraciones y los incumplimientos de los plazos legales de pago.
De manera sucinta, se ha referido a la simplificación de los trámites administrativos para la apertura de empresas recogida en el proyecto 'Emprende en 3', el reconocimiento mutuo de las autorizaciones como por ejemplo las licencias de caza y pesca entre distintas comunidades o la creación de un servicio general de notificaciones electrónicas que será de implantación progresiva. Sobre este último asunto, ha destacado que una notificación postal cuesta 2,55 euros y una notificación electrónica 0,19 euros.
Rajoy ha afirmado rotundo que estas propuestas tendrán una "repercusión positiva" en términos de ahorro pero también a la hora a de facilitar "un sinfín de quehaceres personales y profesionales de la vida diaria". Dicho esto, ha señalado que el objetivo del Gobierno es buscar el "máximo grado de acuerdo" con las fuerzas políticas.
"El documento es una propuesta. Nos gustaría acordarla con todos, lo vamos a intentar de buena fe. Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces, que es nuestra obligación", ha abundado, para subrayar que la Administración General del Estado asume ya el documento y hará reformas legales como la del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la ley del Procedimiento Administrativo, la factura electrónica o la morosidad en las administraciones públicas.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que las demás AAPP públicas tendrán este informe a disposición para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
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