ClientEarth y Oceana llevan al Gobierno español ante los tribunales, de nuevo, por permitir la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas

ClientEarth y Oceana han vuelto a demandar al Gobierno español por permitir sistemáticamente la pesca de arrastre en zonas del océano designadas como Áreas Marinas Protegidas (AMP).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, con el ministro Luis Planas al frente, emite anualmente licencias de pesca que permiten el arrastre en AMPs, sin evaluar los impactos sobre hábitats y especies marinas, tal y como exige la ley, y en el caso del Mediterráneo, incluso en espacios donde la actividad está prohibida por normas europeas. Esto permite a los buques pescar de forma destructiva en fondos marinos vulnerables, hogar de especies sensibles y ecosistemas únicos y hábitats esenciales para sostener los recursos pesqueros y mitigar el cambio climático.

Según Francesco Maletto, abogado especializado en conservación marina de ClientEarth: “Estas zonas se llaman Áreas Marinas Protegidas por una razón: deberían estar a salvo de prácticas destructivas. Sin embargo, España sigue permitiendo sistemáticamente el arrastre de fondo en ellas, en claro incumplimiento de las leyes de conservación nacionales y europeas.”

Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa, afirma: “Resulta contradictorio que el Ministerio de Pesca no esté haciendo todo lo posible para impedir la pesca destructiva en Áreas Marinas Protegidas, cuando la ciencia ha demostrado que, si se gestionan adecuadamente, son herramientas excelentes para apoyar la pesca sostenible. Es hora de que el ministro Luis Planas actúe y deje de mirar hacia otro lado ante esta realidad.”

ClientEarth y Oceana presentaron en octubre de 2024 la primera demanda contra el Ministerio relacionada con este asunto. Sin embargo, un año después, se siguen emitiendo nuevas licencias, aún sin garantizar que estas actividades pesqueras no comprometan la integridad de los espacios marinos ni los hábitats vulnerables que se supone deben proteger.

España se ha comprometido a proteger el 30% de sus aguas para 2030 y el 10% bajo protección estricta como parte de sus objetivos internacionales en biodiversidad. No obstante, estos no podrán cumplirse sin una gestión pesquera adecuada y mientras se siga permitiendo de forma sistemática la pesca de arrastre en áreas protegidas. De hecho, España tiene hasta junio del próximo año para presentar planes de gestión adecuados para su red Natura 2000 y, sin restricciones pesqueras en estas AMPs, el país no cumplirá sus metas.

La pesca de arrastre es una de las prácticas más destructivas para el océano, ya que consiste en desplazar pesadas redes por el fondo, destruyendo todo a su paso, alterando los sedimentos e interrumpiendo la capacidad del mar de actuar como sumidero de carbono. Esto pone en peligro hábitats como praderas marinas, arrecifes de coral de aguas frías y fondos de esponjas, vitales para la biodiversidad marina, ya que sostienen a muchos organismos marinos, además de servir de zonas de alimentación para ballenas, delfines, tiburones, tortugas y meros.

Con la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, que exige a los Estados miembros proteger eficazmente sus aguas, la continua concesión de licencias para la pesca de arrastre en AMPs por parte de España establece un precedente dañino.

Notas editoriales:

La Comisión Europea ha subrayado en reiteradas ocasiones la necesidad de que los Estados miembros prohíban el arrastre de fondo en áreas protegidas, en línea con la Directiva de Hábitats de 1992, la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y la Política Pesquera Común. Esta posición fue reforzada por una sentencia del Tribunal General de la UE de mayo de 2025, que confirmó las restricciones al arrastre de fondo en las AMPs del Mar del Norte Natura 2000, ratificando que los gobiernos están legalmente obligados a garantizar una protección real en estos lugares frente a los impactos de la pesca destructiva.

Esta nueva demanda se suma a un creciente número de litigios en toda Europa, a medida que los gobiernos afrontan una creciente presión para cumplir con las leyes de conservación y garantizar que las áreas marinas protegidas sean algo más que “parques de papel.”

El problema del arrastre de fondo en áreas marinas protegidas sigue siendo estructural en toda Europa. Sin embargo, algunos países han tomado medidas para prohibirlo en sus AMPs, como Dinamarca, Suecia y Grecia.

España está desarrollando planes de gestión para sus áreas marinas protegidas en el marco del proyecto LIFE INTEMARES, financiado por la UE. El proyecto se inició en enero de 2017 y debería haber concluido en diciembre de 2024, pero tras una solicitud de España, la Unión Europea acordó prorrogarlo hasta junio de 2026. Esta prórroga supone un nuevo retraso en la entrega de los planes de gestión obligatorios para proteger los hábitats y las especies contra actividades perjudiciales que deberían haberse prohibido como medida de precaución en el momento en que se declararon las áreas marinas protegidas.