Los inmigrantes irregulares pagarán 113 euros por ir al médico especialista

Parece que todo en esta vida tiene precio; todo es cuantificable y tarifable. La salud no es la excepción y para comprobarlo basta con acudir al decreto que fija los precios de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma; unos precios que los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que tener bien presentes a partir ahora, que Balears aplica a rajatabla el decreto nacional que establece el cobro por por la atención sanitaria que necesiten. La primera consulta con el médico familia la pagarán a 62 euros y a partir de ahí cada visita les saldrá por 32. Si requieren alguna cirugía menor, el precio se va hasta los 156. Y si tienen que pedir analítica de algún tipo tendrán que desembolsar 78 euros más. En el caso de que requieran que les atienda la enfermera les costará 22 euros. Cuando ya sea necesario acudir a la consulta del especialista tendrán que rascarse más el bolsillo, ya que la primera consulta se cotiza a 113 euros.
Un millar de precios
Una intervención quirúrgica ambulatoria cuesta 796 euros. El VIH con "diagnóstico significativo relacionado" está cuantificado en 8.667 euros (sin contar medicación) y operarse de cataratas nunca bajará de los 339 euros. Un ciclo de tres a cuatro semanas de quimioterapa, en sesión de seis horas, sube hasta los 645 euros. El transporte sanitario no urgente (que según el decreto nacional será de pago para todos los ciudadanos, no sólo para los inmigrantes en situación irregular) cuesta 22 euros por servicio si es en el mismo municipio y se hace con la ambulancia más sencillamente equipada.
Para un TAC cerebral hay que desembolsar entre 66 y 234 euros y una mamografía, que puede suponer pillar a tiempo un cáncer y evitar dolor y en el peor de los casos una muerte, sale por 121 euros. Y por cierto, por si a alguien le picaba la curiosidad, un aborto por raspado o histerotomia en la sanidad pública cuesta 2.315 euros.

Y así un largo etcétera que incluye un millar de intervenciones, tratamientos, servicios y pruebas que van desde los 2 euros que cuesta medir los niveles de glucosa hasta los más de 100.000 euros que supone un transplante alogénico de médula ósea.
Una disposición fechada el 28 de febrero y aún firmada por Juan José Bestard, el anterior director general del Servei de Salut, recoge todos los precios que se han de aplicar en los centros sanitarios de la red pública para la prestación de servicios sanitarios cuando haya terceros obligados a pagar (como pueden ser aseguradoras o mutuas de trabajo en caso de accidente laboral) o ante usuarios "que no tienen derecho a la asitencia sanitaria de la Seguridad Social".
Según han denunciado varias ONG que ya han registrado casos de personas (extranjeras pero también nacionalizadas) a las que se les ha intentado cobrar por utilizar la sanidad pública.
Estos precios, que aún no se sabe si en nuestra comunidad se facturarán al enfermo o a su país de origen, se encarecieron justo el año pasado, cuando llevaban sin subir desde 2006 cuando, bajo el gobierno del PP, la consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo, fijó por primera vez estas tarifas; que están exentas de IVA. Después de seis años con los precios fijos, Bestard los subió este año, hasta un 30% en algunos casos.
Desde la conselleria de Salud aseguran que el hecho de pagar no implica saltarse las listas de espera ni pasar por delante de los otros usuarios de la sanidad pública. Recuerdan además que aún no se sabe cómo se aplicará en Balears el decreto nacional. El conseller Mesquida, presidente de una ONG que lleva a cabo proyectos en países en vías de desarrollo, ya ha expresado varias veces su intención de garantizar la atención a absolutamente todas las personas que la necesiten, tengan o no el permiso de residencia. Bauzá se muestra más cauto.
Un ahorro cuestionado
Las voces más críticas con la exclusión sanitaria no sólo critican su falta de sensibilidad hacia unas personas que son precisamente eso, personas; médicos, ONG, entidades sociales y partidos políticos también lamentan que el Gobierno lo ponga en marcha escudándose en un ahorro que ellos ven muy cuestionable, ya que según prevén habrá afectados que acudirán directamente a Urgencias donde sí tienen derecho a ser atendidos y donde la consulta es más cara (como mínimo, cuesta 187 euros: más del 200% que una visita al centro de salud).
Las mujeres embarazadas (así como los menores de edad, los asilados políticos y las víctimas de trata) se salvan del decreto y según el Gobierno seguirán teniendo atención sanitaria gratuita, pero aún así un grupo de ONG y entidades sociales de las islas (Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Prosocial, Xarxa per a la Inclusió Social EAPN y el Consejo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados) ya han denunciado que a algunas mujeres de origen extranjero se les ha negado en un principio la atención durante el embarazo al haber sido ´borradas´ del sistema del Ib-Salut. Tienen constancia de un caso de una mujer embarazada de origen rumano que acudió al centro de salud porque tenía pérdidas y que no fue atendida. Dos días después, perdió al bebé. En Balears, que te atiendan por una amenaza de aborto cuesta 1.857 euros.