Bauzá se plantea ampliar el plan de reducciones de empresas públicas en 2013

El Govern le ha tomado la palabra al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hace unas semanas le pidió al president Bauzá más celeridad en la aplicación de las medidas de ajuste y, sobre todo, en el cierre de empresas y organismos públicos. El Govern no sólo ha prometido ahora cerrar en cuatro meses unos setenta organismos sino que además ya se está planteando proseguir con las reducciones una vez se hayan cumplido todos los objetivos marcados en el plan de ajuste económico y financiero.
El plan de ajuste presentado el pasado mes de octubre hablaba de reducir de 169 a 76 el número de empresas y organismos públicos. Son casi un centenar de supresiones y fusiones pero hasta la fecha sólo se han realizado una quincena. Parece que el proceso va muy lento y que por ello Montoro estiró las orejas al president Bauzá.
El organizador de la reducción del sector público es el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García, quien ha asegurado a este medio que el plan previsto estará culminado el próximo mes de diciembre. García reconoció que el Gobierno de la nación vela por el cumplimiento del plan y que está haciendo un seguimiento del mismo.
Según la hoja de ruta aprobada por el Ministerio de Hacienda, el cierre de empresas debía suponer este año un ahorro de 115 millones de euros pero García maneja ahora la cifra de 178 millones gracias a los recortes que ya se están realizando en todos los organismos. Otra previsión del plan era la supresión de 800 puestos de trabajo. Este objetivo parece que también se verá culminado antes de final de año dado que a fecha de hoy sólo resta despedir a un 7% del total de 800.
García, por otra parte, afirma que a finales de año se hará una valoración del plan y que no se descarta que una vez cumplidos todos los objetivos se sigan estudiando nuevas fusiones para seguir reduciendo. La finalidad, afirma el responsable de control presupuestario, es seguir adelgazando. El Govern no lo dice pero las nuevas reducciones conllevarán necesariamente la supresión de más puestos de trabajo en el sector público instrumental.
También como consecuencia del plan de ajuste, Función Pública y la Oficina de Control Presupuestario están desarrollando una auditoría en todas las empresas y organismos. Se estudia la relación de puestos de trabajo y el salario de cada trabajador. Se intensifica qué trabajo hace cada persona y se le asigna la categoría profesional que le corresponde a su función. Luego se hace la comparación con el salario de los funcionarios e interinos de la Administración autonómica que tienen una labor similar y en función de esto se irán equiparando los salarios.
Con esta medida se conseguirá un ahorro importante que todavía no está cuantificado puesto que por lo general los empleados de las empresas públicas tienen unos salarios superiores a los de los funcionarios con responsabilidades similares. En una reciente entrevista con EL MUNDO, el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, afirmó que el trabajador de una empresa pública que hace funciones de auxiliar ha de cobrar como un auxiliar y añadió que no es lógico que un trabajador de una empresa pública con pocas responsabilidades cobre más que un director general del Govern que toma decisiones y tiene una gran responsabilidad.
Una vez culminadas las auditoría se negociará con los trabajadores un convenio más ajustado y entonces se sabrá el ahorro real de este medida. El director de la Oficina señala que el ahorro no es lo único importante, sino también la equiparación. "Si consigues la equiparación los crecimientos serán iguales para todos y las negociaciones futuras serán más sencillas" afirma para a continuación añadir que "se trata de hacer no sólo reformas coyunturales, sino también estructurales". Y añade: "El hecho de que un gerente ponga un sueldo no tiene por qué ser algo permanente. Debemos tender que los empleados de empresas públicas tengan los mismos derechos y deberes que los funcionarios".
También se revisará el sueldo de los que cobren menos que los funcionarios. Sobre el tema de los gerentes García explica que a partir del próximo año tendrán un sueldo fijo y uno variable con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia. El sueldo variable se cobrará o no según los objetivos conseguidos y el cumplimiento del presupuesto. "Mi objetivo es hacer que la empresa pública tenga herramientas de gestión como las que tiene las empresa privada", concluye Joaquín García.