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Educació publica las nuevas órdenes que regulan la evaluación del alumnado en todas las etapas educativas

Educació publica las nuevas órdenes que regulan la evaluación del alumnado en todas las etapas educativas

Actualizado el 23/10/2025 17:39                Compartir

La Conselleria d’Educació i Universitats ha publicado hoy en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) las nuevas órdenes que regulan el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

Estas disposiciones responden a la necesidad de dar estabilidad al sistema de evaluación, evitando la dependencia de resoluciones anuales y garantizando una aplicación homogénea en todos los centros educativos.

Uno de los aspectos más destacados es el reconocimiento de la autonomía de los centros para decidir sobre la evaluación y el sistema de calificación, poniendo en valor el criterio profesional del profesorado en la toma de decisiones.

Las órdenes tienen en cuenta las particularidades de cada etapa educativa y se alejan de modelos rígidos y uniformes, con el fin de reflejar mejor los objetivos y la diversidad de las áreas o materias. Al mismo tiempo, se establecen actuaciones comunes para las sesiones de evaluación, para garantizar coherencia entre todos los centros educativos, y se concretan los momentos en que las familias deben recibir información sobre las calificaciones de sus hijos.

La forma de hacer llegar la información a las familias se simplifica, tanto a lo largo del curso como al final. Esta información se facilitará mediante un único documento final, con el objetivo de reducir la burocracia y mejorar la claridad.

En cuanto a la coordinación entre etapas, se determina la información que debe trasladarse de cada alumno. Por ejemplo, en el paso de infantil a primaria se compartirán datos relevantes sobre lectoescritura, matemáticas y otros aspectos clave en este momento evolutivo.

Finalmente, las nuevas órdenes establecen un procedimiento claro y transparente para gestionar posibles reclamaciones, tanto por parte de las familias como de los centros, reforzando así la seguridad jurídica y garantizando una resolución adecuada de las discrepancias.


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