Actualizado el 23/10/2025 17:39 Compartir
Estas disposiciones responden a la necesidad de dar estabilidad al sistema de evaluación, evitando la dependencia de resoluciones anuales y garantizando una aplicación homogénea en todos los centros educativos.
Uno de los aspectos más destacados es el reconocimiento de la autonomía de los centros para decidir sobre la evaluación y el sistema de calificación, poniendo en valor el criterio profesional del profesorado en la toma de decisiones.
Las órdenes tienen en cuenta las particularidades de cada etapa educativa y se alejan de modelos rígidos y uniformes, con el fin de reflejar mejor los objetivos y la diversidad de las áreas o materias. Al mismo tiempo, se establecen actuaciones comunes para las sesiones de evaluación, para garantizar coherencia entre todos los centros educativos, y se concretan los momentos en que las familias deben recibir información sobre las calificaciones de sus hijos.
La forma de hacer llegar la información a las familias se simplifica, tanto a lo largo del curso como al final. Esta información se facilitará mediante un único documento final, con el objetivo de reducir la burocracia y mejorar la claridad.
En cuanto a la coordinación entre etapas, se determina la información que debe trasladarse de cada alumno. Por ejemplo, en el paso de infantil a primaria se compartirán datos relevantes sobre lectoescritura, matemáticas y otros aspectos clave en este momento evolutivo.
Finalmente, las nuevas órdenes establecen un procedimiento claro y transparente para gestionar posibles reclamaciones, tanto por parte de las familias como de los centros, reforzando así la seguridad jurídica y garantizando una resolución adecuada de las discrepancias.
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