La Dirección General de Emergencias e Interior inspecciona las playas y zonas de baño

La singularidad de las playas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears respecto a las del resto del Estado, por su frecuente utilización para la realización de actividades lúdicas y deportivas, exige el establecimiento de una serie de medidas complementarias de seguridad y protección que suponen una ampliación de las ya contenidas en la normativa existente.

De hecho, las 369 playas con las que contamos -208 en Mallorca, 75 en Menorca, 86 en Ibiza y Formentera-, cuentan con una normativa de seguridad pionera que pretende minimizar el potencial riesgo que puede aparecer en estos espacios en mayor o menor grado debido a los fenómenos meteorológicos asociados al mar y al sol, así como a la afluencia de público.
Para poder disfrutar de playas seguras es imprescindible realizar una tarea constante de prevención y esta es la labor que marca el Decreto 2/2005 regulador de las medidas de seguridad y protección que han de cumplir las playas y zonas de baño de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para la Dirección general de Emergencias y Interior.

79 inspecciones en 2019

En lo que llevamos de año, se han realizado un total de 79 inspecciones y visitas técnicas a zonas de baño de las islas que responde a la normal función de vigilancia y control de las medidas de seguridad recogidas en este Decreto. Entre las cuestiones que se someten a revisión se encuentran los elementos de seguridad de la playa, la correcta señalización y mantenimiento de los mismos, el balizamiento de la zona, la torre de vigilancia, el servicio de rescate y también la accesibilidad de la playa, no solo para los bañistas que hacen uso, sino también la adaptación a personas con movilidad reducida o la accesibilidad para vehículos y embarcaciones de rescate, etc.

El propio Decreto establece la obligatoriedad de “realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas y la prevención de accidentes e incidentes en las playas”. En concreto, especifica que se deben “efectuar las gestiones oportunas para que el organismo competente en cada materia mantenga la zona destinada al baño totalmente despejada de animales y objetos que puedan presentar peligro para los usuarios”.

Un informe técnico

La Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, a través de la Dirección General de Emergencias e Interior, constató en un informe realizado por su personal técnico en la playa de sa Ràpita algunos factores de riesgo que debían ser tenidos en consideración para minimizar los riesgos y dar así cumplimiento a las medidas de seguridad obligatorias en zonas de baño que marca la norma. Esta actuación y sus conclusiones responden a criterios estrictamente técnicos de prevención de riesgos que de ningún modo pueden ni deben ser revisados con criterios políticos.

En la inspección llevada a cabo se observó una acumulación de restos de posidonia en una zona muy determinada de la playa que en aquel momento se consideró que podría obstaculizar el paso de los servicios de rescate en caso de ser necesaria una actuación urgente. También se constataron otras deficiencias como el mal estado de las instalaciones de seguridad, la incorrecta señalización y balizamiento y la ausencia de elementos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios -megáfono, moto de agua operativa-.

La coordinación entre la Dirección General de Emergencias e Interior y los responsables de Medio Ambiente ha sido total desde el principio. El informe con las observaciones sobre deficiencias en la seguridad de la playa de sa Ràpita fue remitido a la Conselleria de Medi Ambient, desde donde se confirmó que tan pronto el consistorio solicitara el permiso correspondiente para actuar sobre los restos de posidonia, se les brindaría el permiso, supervisión y apoyo necesario para garantizar que se solucionaba la deficiencia de accesibilidad sin dañar la playa.

Toda esta información fue facilitada al Consistorio por la Dirección General de Emergencias e Interior. Se recomendó al Ajuntament de Campos actuar sobre la zona concreta en la que la acumulación de resto de posidonia podía suponer un riesgo, sin determinar si debían ser o no eliminados, reubicados o hallar otra solución. Esa decisión corresponde en última instancia a la administración municipal que debe actuar siguiendo los criterios de la Conselleria de Medio Ambiente.

La posidonia es un bien de enorme valor para nuestra Comunidad Autónoma y el compromiso de este Govern es el de protegarla, así como nuestras playas y espacios naturales. En ningún caso se considera desde la Dirección General de Emergencias e Interior que la presencia de restos de posidonia en las playas sea incompatible con la seguridad.