Cort firma un protocolo de colaboración para detectar supuestos de vulnerabilidad en casos de lanzamiento o desahucio

El Ayuntamiento de Palma ha firmado este martes un protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad en casos de lanzamiento o desahucio cuando se trate de la residencia habitual del inquilino o deudor.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, este protocolo es una de las medidas tomadas en el marco del acuerdo de plenario para declarar Palma Ciudad Libre de Desahucios que asegurará la protección social de las familias más desfavorecidas.

Con este mecanismo, el Consistorio recibirá información directa de los juzgados y colegios profesionales en los procesos de lanzamiento cuando se detecten supuestos de vulnerabilidad o situaciones de riesgo de exclusión social para poner en marcha las actuaciones pertinentes.

El alcalde de Palma, Mateo Isern, ha manifestado que "el objetivo es evitar que ni un solo ciudadano de Palma se quede en la calle como consecuencia de un lanzamiento", a lo que ha añadido que "habrá comunicación fluida, a fin de que la ejecución de los desahucios se atempere a la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento para conseguir que cuando llegue la fecha de desahucio, ya se haya dado una salida a la persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, ha señalado que se trata de una manera de hacer que los jueces reciban información sobre una "posible situación social delicada" y puedan actuar en consecuencia y llamar a los servicios sociales para que, caso por caso, "se pueda contemplar la colaboración entre el tiempo de la ejecución y el tiempo que necesitan los servicios sociales para interlocutar".

Terrasa también ha apuntado que "esto permitirá que la respuesta de los servicios sociales sea más eficaz, más inmediata y también permitirá que la ejecución procesal se pueda poner en consonancia con los requerimientos de los servicios sociales".

Por su parte, los presidentes del colegio de Abogados y del colegio de Procuradores han asumido el compromiso de informar y mantener una comunicación fluida con los juzgados sobre la detección de estos casos para que el Ayuntamiento ponga en marcha su red de recursos sociales.

Por otra parte, el presidente del TSJB presidirá una comisión mixta de seguimiento que controlará la ejecución y la aplicación del protocolo y que se reunirá ordinariamente una vez al año y con carácter extraordinario siempre y cuando el presidente lo considere necesario.