Actualizado el 01/06/2026 12:05 Compartir
El Govern de las Illes Balears y la Guardia Civil ponen en marcha una nueva edición del dispositivo conjunto de inspección y vigilancia contra el alquiler irregular de embarcaciones, una iniciativa que este año alcanza su octava edición consecutiva.
El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, capitán Francisco Córdoba, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, han presentado hoy esta campaña de actuación conjunta en el litoral balear.
“Las actividades irregulares vinculadas al chárter náutico no solo generan competencia desleal, sino que también pueden conllevar riesgos en materia de seguridad marítima y de protección ambiental. Por ello mantenemos una coordinación constante entre administraciones y cuerpos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa”, ha afirmado el director general Antoni Mercant.
En lo que va de 2026, ya se han iniciado 35 expedientes sancionadores por alquiler irregular de embarcaciones, con sanciones propuestas por más de 92.000 euros. A esta cifra se suman más de 70 denuncias y actas aún pendientes de tramitación, remitidas por la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, Agentes de Medio Ambiente y los técnicos de la Dirección General.
Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores relacionados con infracciones en materia de transporte marítimo y alquiler de embarcaciones. Del total, 100 correspondían a infracciones leves, 58 a graves y 4 a muy graves. Las sanciones propuestas ascendieron a 471.600,01 euros.
El operativo incluye inspecciones sobre documentación, autorizaciones administrativas, titulaciones profesionales y condiciones de prestación del servicio, así como actuaciones vinculadas al transporte irregular de pasajeros, la recogida de personas en puntos no autorizados o los fondeos ilegales.
En este marco, PortsIB ha expuesto una de las embarcaciones que forman parte del Servicio de vigilancia, inspección y control del litoral balear del Govern de las Illes Balears. El dispositivo está integrado por 22 unidades operativas distribuidas entre las distintas islas y contribuye a reforzar la seguridad marítima, el control de la actividad en el litoral y la vigilancia ambiental.
Desde 2019, el número de expedientes sancionadores incoados por actividades irregulares vinculadas al chárter náutico ha aumentado un 853%, pasando de 17 expedientes ese año a los 162 registrados durante 2025.
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