Un agente denuncia que Rodríguez buscaba 'captar votos' entre los policías para 'exhibir de nuevo su poder'

Un agente de la Policía Local de Palma interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para poner en conocimiento de los investigadores que otro efectivo, Jaime G., "en su parapeto sindical", ha llegado a convocar reuniones políticas por parte de los policías turísticos con el presidente del PP palmesano, José María Rodríguez -que este lunes ha presentado su dimisión-, "con el fin de captar votos para el Partido Popular" y así "de nuevo exhibir su poder y control" sobre el cuerpo.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que el agente presentó en agosto de 2014, éste recalca cómo en la última legislatura del PP al frente del Ayuntamiento de la capital balear "de manera más notoria se ensalzan unos personajes que no sólo planificaban la estructura policial" sino que durante la organización de esta "tomaban contacto con responsables policiales" para mostrarles "quién llevaba el peso de la organización".

Así lo pone de manifiesto el escrito, incluido en el amplio sumario de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía en forma de extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Playa de Palma y con la connivencia de altos cargos políticos. El juez levantó parcialmente la pasada semana el secreto que pesaba sobre las pesquisas desde octubre de 2013.

El denunciante recrimina haberse visto sometido, junto a su hermano, "a un acoso y derribo constante desde que por nuestra parte nos hemos opuesto, de manera directa, a un grupo de agentes que mantenía el control" del Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía y que "íntimamente" estaban relacionados con Garau. Se trata, según detalla, de los policías Daniel M., Tomás M. y Carlos T.

"Dichos agentes se jactaban de tener el amparo político, sindical y la cobertura policial necesaria para poder llevar a cabo sus fines, entre los que se encontraban la de promocionarse de manera vertical y horizontal a ellos y a sus afines, así como la de mantener ciertos privilegios a actividades de la zona de playa de Palma", prosigue el agente en su denuncia.

Según afirma, las personas afines a este grupo "están en el entramado institucional de manera difusa, pero siempre desde posiciones de privilegio y dando cobertura a este tipo de individuos, haciendo un uso torticero de la administración".

Es más, se trata de personas que, por medio del cargo que ocupan, "tergiversan el que deben ser el fin último de la administración, que no es más que el de servicio público, y dictan y ejecutan actos administrativos que perjudican directamente a las personas que consideran díscolas a lo que ha venido siendo la administración pública desde su perspectiva, es decir, una administración sumisa al poder y ajena a cualquier responsabilidad por cargo".

El denunciante subraya que el acoso sufrido por su hermano y por él "ha sido constante y humillante" en medio de un ambiente "cada vez más hostil, en donde por parte de los arriba indicados se cumple la máxima de que 'el fin justifica los medios', mentir y utilizar medias verdades entre ellos mismos, repitiéndolas una y otra vez para que mucha gente lo oiga y no se pueda demostrar nada".

El juez instructor de estas pesquisas, Manuel Penalva, vincula a los altos cargos con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".

El magistrado afirma además en varios de sus autos que muchos testigos "no es que tengan miedo, es que están aterrorizados, extremo que se comprueba con constante frecuencia", toda vez que "los investigados y quienes les apoyan siguen perpetrando actos de intimidación y coacción, incluso defendidos por quien fue su comisario y máximo responsable de la Policía Local".

El juez se refiere a los agentes investigados como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".

"No queda otro remedio que destacar la septicemia que invade a una parte de la Policía Local", asevera el magistrado, quien recrimina a su vez que, aunque "ningún colectivo está exento de padecer la existencia de personas sin escrúpulos entre sus miembros, lo que resulta absolutamente insólito y a la vez descorazonador es que la cabeza visible de esos agentes", en alusión al que fuera comisario jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Morey, "ampare, aplauda y aliente a unos presuntos delincuentes que en sus propias palabras considera ejemplos a seguir".

En concreto, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, añade, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".