La Audiencia acepta la recusación de la magistrada que iba a presidir el juicio por el soborno de Can Domenge

La Audiencia Provincial de Palma ha aceptado la recusación de la magistrada que iba a presidir el jurado del juicio por el soborno de cuatro millones de euros que la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar y otros dos exaltos cargos públicos de Unió Mallorquina (UM) habrían recibido de la promotora Sacresa a cambio de serle adjudicados los terrenos palmesanos de Can Domenge.

La propia Munar había recusado a Mónica de la Serna al haber formado parte de la sala que condenó a la exdirigente histórica de UM a seis años de prisión en el juicio celebrado el año pasado por la venta irregular de los solares. Las pesquisas relativas a la comisión millonaria que habría sido pagada por ellos fueron instruidas aparte y la vista oral por estos hechos se encuentra pendiente de fecha.

La defensa de Munar alegaba que, pese a que De la Serna no fue la ponente del primer juicio, sí firmó la sentencia que condenaba a su patrocinada. Aunque la legislación española no contempla este hecho como motivo de recusación, sí lo establece como causa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Audiencia deberá ahora designar a un nuevo magistrado presidente del juicio.

En el marco de esta nueva causa, la Fiscalía Anticorrupción y el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, reclaman cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para Munar, acusada de un delito de cohecho pasivo.

Las acusaciones también se dirigen contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal -para quien la Fiscalía reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.

Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.

Por su parte, el Consell pide penas más elevadas que el Ministerio Público en relación con Nadal y Sanahúja: para el exvicepresidente solicita dos años de cárcel y para el empresario, un año y cinco meses.

Sobre todos ellos la Fiscalía reclama además que se les aplique la atenuante de confesión, además de las de reparación del daño y colaboración de la justicia, excepto en el caso de Munar, la única de los acusados que no ha admitido su intervención en el pago del soborno. De hecho, la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) se negó a declarar cuando fue citada durante la instrucción de esta causa.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía subraya cómo Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para poder tener garantizada la adjudicación del concurso.

Más en concreto, según la acusación, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada.

Tal y como relata el fiscal, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartía entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.

LA CONFESIÓN DE VICENS LLEVÓ A LA FISCALÍA A DENUNCIAR

Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia Provincial de Baleares hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, se sumó la d el propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

MUNAR, CONDENADA A SEIS AÑOS POR LA ADJUDICACIÓN

Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente histórica de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.