Actualizado el 26/11/2015 12:41 Compartir
Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, el propietario de una de las principales empresas promotoras de espectáculos en las islas ha sido interpelado principalmente por su relación con la exportavoz de UM y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, a quien ha asegurado no conocer personalmente y aún menos haberle abonado comisiones, tal y como han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
El empresario, quien fue detenido en julio de 2010 en el marco de otra causa de presunta corrupción, el conocido como caso Ibatur, ha incidido en que nunca ha mantenido ninguna entrevista personal con Julve y que únicamente cree haber hablado con ella una vez por teléfono. Del mismo modo se ha pronunciado respecto al exconseller de Medio Ambiente del Govern Miquel Àngel Grimalt.
El testigo ha rebatido de este modo las manifestaciones efectuadas en su día por otro antiguo miembro de UM, el excontable del partido Álvaro Llompart, quien apuntó que Julve había recibido dádivas por parte del propietario de Trui, un extremo que la exalto cargo negó ante el juez al asegurar que jamás ha exigido comisiones por la adjudicación de contratos.
"No tengo ni idea de cómo se nutría el partido ni si había aportaciones anónimas", manifestó tajante Julve, quien subrayó que en los cuatro años en que ha ostentado un cargo público "nunca nadie me ha pedido dinero ni nunca nadie me lo ha ofrecido".
En concreto, la causa por la que ha sido interrogado fue abierta a finales de 2012 contra una quincena de exdirigentes de la extinta formación regionalista, entre quienes se encuentra la que fuera su histórica líder, Maria Antònia Munar.
En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción apunta a cómo los integrantes de UM que componían la cúpula del partido exigían de común acuerdo comisiones de entre el 3 y el 10 por ciento a las distintas empresas que contrataban con la Administración.
Las mercantiles se veían así obligadas a abonar las dádivas si querían obtener garantías de que iban a ser ellas las beneficiarias de las contrataciones. De este modo es como los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer con concesiones públicas a estas empresas.
Según el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.
Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería.
El Ministerio Público considera indiciariamente acreditada la mecánica de falsos donativos, pagos de servicios sin facturas e ingresos a cuenta de loterías.
En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.
Entre los encausados se encuentran, además de Munar y Julve, el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers insulares Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, el exvicepresidente del Consell Antoni Pasqual, la exsecretaria de UM Rosario Martín Piris, y el propio Grimalt.
También figuran en la querella la exconsellera de Cultura Dolça Mulet, el exsecretario del Consorcio del Juego Hípico Nicolau Tous, el responsable de la empresa FCC Pau Martín, el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y el excoordinador de UM Antoni Caldentey, y el exsecretario general de la formación 'uemita' Damià Nicolau.
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