Un funcionario señala que Vera quería 'satisfacer' a los interinos en la adjudicación de plazas en la Policía Local

Un funcionario del Ayuntamiento de Palma que este miércoles ha declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha recordado cómo el exintendente jefe de la Policía Local Antoni Vera le dijo que quería "satisfacer" a los interinos con la adjudicación de plazas en el cuerpo, y que él le respondió que de así hacerlo debía ajustarse a los criterios aprobados por el Consistorio.

El declarante, Juan García, fue encausado junto a otros dos miembros del Ayuntamiento por presuntamente participar en el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro de la Policía durante la pasada legislatura. De hecho, sus nombres figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas.

Durante su comparecencia, García ha recordado cómo Vera mantuvo una reunión con los interinos para abordar este asunto, si bien ha asegurado que él no estuvo presente y, por tanto, no sabe qué se abordó durante el encuentro, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Junto a él también ha sido interrogada, durante una jornada que se ha alargado hasta pasadas las dos de la tarde, Bárbara Bosch, también imputada por estos hechos. La encausada ha asegurado que todo lo que hacía era por orden de sus "superiores" y más en concreto de García.

"Todo venía de arriba", ha apuntado la declarante, aludiendo asimismo al entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, y a la de Función Pública, Irene San Gil, y al propio Vera. No obstante, ha recalcado que creía que "todo era correcto".

También debía comparecer una tercera funcionaria, Celia Martínez, si bien finalmente su declaración ha sido suspendida. El pasado mes de octubre, los tres miembros de la Corporación local tres acudieron a declarar ante el juez en calidad de testigos, pero finalmente el magistrado decidió modificar su condición procesal a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, quien atribuye a todos ellos delitos de malversación y prevaricación.

"¡ESTAMOS MUERTOS! ¡DE AQUÍ A LOS JUZGADOS!"

En uno de los emails aportados a la causa, a los que tuvo acceso Europa Press, Celia Martínez llega a exclamar ante estas actuaciones: "¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!".

En ese mismo correo, Martínez alude al "compromiso que hizo Juan García [entonces responsable del área de Recursos Humanos] con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente", quien a su vez "se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza" y que "ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente".

Al respecto, tanto García como Bosch han señalado que no sabían a qué se refería Martínez en el correo. García ha manifestado que no tenía nada que ver con el contenido de los emails, mientras que la funcionaria ha asegurado que pensaba que se trataba de un asunto a nivel contencioso-administrativo.

MANIPULACIÓN DE LAS OPOSICIONES A OFICIAL

Cabe recordar que estas pesquisas se enmarcan en la causa que investiga la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

También se encuentran encausados el exconcejal de Seguridad Ciudadana así como el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.