Un policía local apunta a las amenazas de un agente erigido como 'portavoz a la sombra de todos los imputados'

Un policía local que este martes ha declarado como testigo en el marco de la causa que indaga el presunto amaño de las oposiciones a oficial llevadas a cabo durante la pasada legislatura ha apuntado a las amenazas efectuadas por otro agente de cara a obstruir las investigaciones, llegando a calificarle como "portavoz a la sombra de todos los imputados".

En su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el testigo ha aseverado que si bien él no se ha sentido amenazado por el agente y representante del sindicato CSIF, Jaime Garau, sí considera que otros efectivos policiales sí han podido sentirse intimidados ante las advertencias del anterior policía.

El declarante ha recordado cómo en una sala del cuartel de la Policía Local oyó a Garau realizar "ciertos comentarios" en los que supuestamente advertía a otro agente de que tuviera cuidado con lo que decía ante el juez y de que se querellaría contra todos aquellos que declarasen en contra de determinados imputados.

"Daba la sensación de que Garau era portavoz de los imputados", ha remarcado el testigo, quien ha asegurado desconocer, no obstante, por qué aquél "apoyaba a un bando y no a otro" a pesar de ser representante sindical. En su opinión, si así actuaba el agente era porque los imputados "eran afiliados al CSIF y por amistad, supongo".

Al ser preguntado sobre si un representante sindical "sólo representa a los amigos y no a los perjudicados", ha respondido que no, si bien ha manifestado que el hecho de que Garau procediera de esta forma no le "extrañó". A su juicio, las palabras de Garau fueron "un aviso a navegantes en el sentido de que tenían que tener cuidado con lo que declararan. Se lo comentaba a todos en general".

Junto al declarante también han comparecido en los Juzgados de Vía Alemania otros dos agentes que habían sido citados como testigos y que finalmente han resultado imputados, en mitad de su interrogatorio, por un supuesto delito de encubrimiento. El encausamiento ha sido solicitado por el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.

Se trata de los efectivos policiales José Bonnín y José Ramón Cuenca. El primero de ellos recordó que presentó la conversación en la que Garau habría amenazado al otro agente, Carlos Mateo, pero ha asegurado que no oyó las manifestaciones. Asimismo, ha recalcado que antes de la declaración de este martes recibió una llamada del representante sindical en la que, ha asegurado, no le advertía "de nada".

En esta misma línea, Cuenca ha recordado que escuchó "un fragmento" de la conversación, durante unos cinco minutos, durante los que, sin embargo, no prestó atención a todo el contenido. "Escuché que el señor Mateo le decía a Garau algo relacionado con el tema de las oposiciones oficiales y que si alguien había hecho algo malo que lo pagara", ha relatado.

DECLARACIONES QUE "ENTORPECEN LA INVESTIGACIÓN"

Tras asegurar que a él nadie le ha amenazado, el fiscal, al igual que con Bonnín, ha solicitado la imputación del agente "visto que la declaración tiene un contenido que no es puramente testifical sino que entorpece la investigación".

Mientras tanto, este miércoles están citados a declarar tres funcionarios del Ayuntamiento de Palma imputados por presuntamente participar en el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro de la Policía.

En concreto, sobre todos ellos pesan delitos de malversación y prevaricación. El pasado mes de octubre, los tres acudieron a declarar ante el juez en calidad de testigos, pero finalmente el magistrado decidió modificar su condición procesal.

Sus nombres, Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas.

De hecho, en uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: "¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!".

En ese mismo correo, Celia Martínez alude al "compromiso que hizo Juan García [entonces responsable del área de Recursos Humanos] con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente", quien a su vez "se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza" y que "ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente".

En concreto, estas pesquisas se enmarcan en la causa que investiga la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

A raíz de este supuesto amaño de exámenes está imputado el exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien negó en su día haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas, y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

Se trata de unos hechos por los que, además, han sido encausados el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, así como el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

TRAMA DE EXTORSIONES A EMPRESARIOS

Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.

En relación a estos hechos fueron detenidos el pasado mes de enero ocho agentes de la Policía Local, mientras que ya antes habían sido arrestados el inspector jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y otros dos mandos del cuerpo. La jueza decretó para los tres su ingreso en prisión sin fianza, si bien varias semanas después fueron puestos en libertad provisional.