El Govern destina un millón de euros a una convocatoria de innovación social de vivienda para personas vulnerables

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destinará 1 millón de euros a una convocatoria de innovación social que tiene como objetivo subvencionar viviendas para personas vulnerables. Esta convocatoria pionera es con cargo a la recaudación del 0,7 % del IRPF y el impuesto sobre sociedades de los años 2025 y 2026, y contempla 500.000 euros para cada año. Las entidades del tercer sector de acción social que se acojan a las ayudas podrán destinar el importe adjudicado a adquirir o a alquilar las viviendas. Además, paralelamente, las entidades llevarán a cabo un proceso de inserción social de estas personas vulnerables.

La Conselleria responde con esta convocatoria a una de las necesidades más demandadas por parte de las entidades que intervienen con personas en situación de vulnerabilidad social, como es la falta de vivienda. Lo hace promoviendo nuevas fórmulas que den soluciones a este asunto y consciente de que una vivienda transitoria tiene un papel integrador para la persona en riesgo de exclusión social que se encuentra en un programa de inserción.

"Reforzamos nuestro compromiso con la garantía de derechos y la igualdad de oportunidades"

La consellera Sandra Fernández y la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, han presentado la convocatoria a las entidades. "Impulsamos estas ayudas por primera vez", ha dicho Fernández, "con el objetivo claro de que las personas en situación de vulnerabilidad, a través de las entidades, puedan acceder a una vivienda digna y estable". "Con este esfuerzo compartido", ha dicho, "reforzamos nuestro compromiso con la garantía de derechos, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa, donde nadie quede atrás".

Las viviendas irán destinadas a personas con: vulnerabilidad, exclusión y aislamiento sociales; dificultades de integración familiar o comunitaria derivadas de enfermedades mentales y enfermedades crónicas; discapacidad física, psíquica o sensorial; dificultades de integración social vinculadas a condiciones laborales precarias, desempleo y pobreza; necesidad social, como la relacionada con la falta de vivienda o con la desestructuración familiar; vulnerabilidad, riesgo o desamparo para las personas mayores, los niños y las personas adolescentes; violencia machista y las diversas manifestaciones de violencia familiar; discriminación por razón de sexo, lugar de procedencia, discapacidad, enfermedad, etnia, cultura o religión o por cualquier otra razón; dificultad de integración familiar o comunitaria derivada de la drogodependencia y de otras adicciones; problemas de convivencia y de cohesión social; urgencias sociales; y emergencias sociales por catástrofe.