Actualizado el 03/06/2021 13:21 Compartir
La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha presidido hoy la primera reunión del grupo de expertos para la implementación de la prestación de la eutanasia, que aportará puntos de vista varios y contribuirá a resolver posibles dudas que se presenten en la aplicación de la Ley, que entrará en vigor el 25 de junio. El grupo de expertos está formado por juristas, sanitarios, referentes de paliativos y representantes de asociaciones de pacientes y de los medios de comunicación.
Durante el encuentro, la consellera Gómez ha destacado la importancia de la inclusión de esta prestación dentro de la cartera de servicios de salud: «El Govern realiza una ingente labor para garantizar que todo el que lo necesite pueda ejercer este derecho en condiciones de equidad, de modo sencillo, con seguridad y calidad. Han sido muchos años de reivindicación y, por fin, disponemos de una norma que responde a una demanda de la sociedad y elimina muchas incertidumbres e inseguridades. Y, sobre todo, da la opción a aquellas personas que deseen ejercer el derecho y no obliga a nadie.
Asimismo, Gómez ha destacado la importancia de escuchar la voz de la sociedad, de los ciudadanos, quienes tienen que poder participar en los procesos de toma de decisiones y aportar puntos de vista, conocimientos y experiencia, que pueden ser muy valiosos y deben aprovecharse en beneficio común. De aquí que se haya solicitado la colaboración de este grupo de personas con larga y reconocida experiencia dentro de sus respectivos ámbitos.
En el grupo de expertos participan Carmen Tomàs-Valiente, doctora en Derecho; María Luisa Carcedo, médica y exministra de Sanidad; Pilar Sánchez Cuenca, presidenta del Comité de Ética Asistencial de las Illes Balears (CEAIB); Javier Fernàndez Pineda, jurista del CEAIB; Vicenç Thomas, presidente del Parlament de las Illes Balears, médico y exconseller de Salud; Mercè Llagostera, coordinadora de la Estrategia de Paliativos; Carmen Jiménez, coordinadora de la Estrategia de Ictus; Teresa Bosch, coordinadora de la Estrategia de Enfermedades Raras; Antoni Amengual, paliativista del Hospital General; Consuelo Pau, representante de la asociación Derecho a Morir Dignamente; Antoni Gomila, catedrático de Psicología de la UIB; Tomàs Andújar, redactor de la Agencia EFE, y Julia Gallo, enfermera, profesora y experta en salud y calidad de vida.
El primer encuentro ha tenido formato de mesa redonda, moderada por el director general de Prestaciones y Farmacia, Nacho García, y ha permitido debatir temas como las implicaciones del hecho que España sea el séptimo país del mundo que regula la eutanasia; los aspectos éticos de la Ley; los aspectos legales relacionados con la responsabilidad profesional, la confidencialidad y la objeción de conciencia; los efectos que esta nueva prestación puede tener en la estructura y organización de los servicios sanitarios, concretamente en la atención al final de la vida; las garantías previstas en la Ley en cuanto a personas vulnerables o el impacto social que la regulación puede tener en un entorno cultural mediterráneo.
Pasos hacia la implementación de la prestación
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, Balears tiene que estar en condiciones de ofrecerla desde el 25 de junio, fecha a partir de la que las personas podrán iniciar su solicitud.
Hasta el momento, se han dado diversos pasos para garantizar la prestación: se ha creado la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir de las Illes Balears, se han designado los miembros de dicha Comisión y se han celebrado reuniones de trabajo entre varios departamentos del Govern para cerrar el contenido de los formularios oficiales, definir los circuitos a seguir para toda la documentación oficial, diseñar los sistemas informáticos que apoyarán la prestación ¾garantizando la confidencialidad de los usuarios¾, programar las jornadas de formación y sensibilización para los profesionales del Servicio de Salud de las Illes Balears en cada una de las islas, elaborar la información que se pondrá al alcance de la ciudadanía a través de la web y compartir los contenidos de los encuentros con el Ministerio de Sanidad para elaborar varios protocolos de actuación (sobre valoración de la incapacidad, la medicación, la formación y la objeción de conciencia).
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