El número de cuidadores de las residencias aumentarán, pasarán de 28 a 33 por cada 100 residentes

El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley que amplía las ratios de sociosanitarios en las residencias de las Illes Balears. La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha dado este paso para dar respuesta a las nuevas necesidades provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, de acuerdo con el compromiso incluido en el Plan de Reactivación de las Illes Balears.

Con este decreto ley se incrementa la ratio de cuidadores de los 28 actuales a 33 por cada 100 residentes, lo que supone un aumento del 15 %. Si se analiza el aumento total del personal de las residencias, se pasa de 52 a 57 trabajadores, lo que se traduce en un incremento del 9,6 %.

En la práctica, este decreto ley reforzará, especialmente, el día a día de las residencias privadas y concertadas, porque en los centros públicos las ratios están por encima de lo que establece la legislación vigente.

Para asegurar el cumplimiento de las ratios, los titulares, directores o responsables de las residencias están obligados a comunicar a los servicios de inspección de la administración competente (en este caso, los consejos insulares) la relación nominativa diaria del personal del que disponen, así como de su jornada, en la forma, según el modelo y de acuerdo con la periodicidad que cada administración determine.

Para garantizar la viabilidad de las plazas concertadas de la Red Pública de Atención a la Dependencia, se revisarán los conciertos y los convenios vigentes. Si actualmente se abonan 64,49 € al día por cada plaza concertada para personas dependientes de grado II, con la nueva normativa se pasará a 67,14 € al día, un 4,11 % más. En el caso de las personas con grado III, ahora se abonan 68,61 € al día por plaza concertada, y se estima que se pasará a 71,26 € al día, un 3,86 % más.

La intención es aumentar la aportación en 2,65 € al día por cada una de las plazas que la Administración tiene concertadas con el sector privado o que son objeto de convenio con los ayuntamientos. De este modo, se calcula que las arcas públicas de las Illes Balears, a través de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y el Consell Insular de Mallorca, destinarán más de 1.105.000 € a mejorar las ratios de los sociosanitarios para plazas concertadas u objeto de convenio, con el objetivo de ofrecer a los usuarios más garantías y una mejor asistencia.

Paralelamente, este decreto ley tiene un segundo punto que amplía el periodo transitorio para que los perceptores actuales de la renta social garantizada (RESOGA) puedan solicitar el ingreso mínimo vital al Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre.

El Decreto de 12 de junio que regula todas las prestaciones económicas de las Illes Balears establece que todos los que no hayan solicitado el ingreso mínimo vital dejarían de percibir la RESOGA el 1 de septiembre. Ahora, con esta modificación, se alarga el periodo un mes más (hasta el 1 de octubre), ya que hay unos 600 titulares de RESOGA y renta mínima de inserción (RMI) que, por diferentes motivos, no han podido hacer la solicitud.