Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entidad de la cual forma parte la FSIB, ha reivindicado un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas. Así lo ha hecho público la entidad en un manifiesto, con motivo del Día Nacional de las Lengua de Signos Españolas, en el que reclama que estas lenguas sean tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país. De esta manera, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.

La entidad destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en nuestro país, “sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar”, y alude a la exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas para quienes la lengua de signos es su lengua natural, al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.

En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, de una vez por todas, en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo. “El uso de la lengua de signos española y catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”.
En lo que respecta a la educación, la entidad reclama una Estrategia Nacional sobre enseñanza, uso, protección y promoción de las lenguas de signos españolas que asegure su aprendizaje y aplicación en el ámbito de la atención temprana y en el sistema educativo, y que reconozca el derecho del alumnado sordo y sus familias a elegir una educación bilingüe de calidad en la que las lenguas de signos sean también vehiculares y curriculares.

Por último, la CNSE insiste en la necesidad de garantizar su protección y preservación incorporándolas en la Constitución Española al mismo nivel que el resto de las lenguas, e incluyéndolas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. “Las lenguas de signos nos necesitan tanto como nosotras, las personas sordas, las necesitamos a ellas”.