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Asuntos Sociales: Baleares cumple los plazos de la Ley de Dependencia

Asuntos Sociales: Baleares cumple los plazos de la Ley de Dependencia

Actualizado el 19/12/2019 14:22                Compartir

La conselleria de Asuntos Sociales y Deportes no sólo cumple los plazos de la Ley de Dependencia estatal y de gestión autonómica sino que además certifica que está por debajo de la media española, una vez analizada la nueva estadística del Imserso conocida hoy.

Esta normativa estatal establece que hay tres plazos resolutivos en el proceso para determinar si una persona es dependiente o no:

- La primera fase que va desde la solicitud hasta la resolución de valoración; el plazo legal es de 90 días. La media de Baleares se sitúa en los 70 días.

- La segunda fase que es la resolución del PIA (Programa Individual de Atención) es de 90 días; la media isleña es de 60 días.

- La tercera fase que determina la prestación final que recibirá el dependiente es de 780 días; en Baleares se resuelve en menos de la mitad del plazo legal, concretamente en 300 días.

Esto demuestra que con los datos que se han hecho públicos hoy, Baleares está por debajo de la media estatal. Además si se tiene en cuenta que ene el año 2015 Baleares era antepenúltima en el cumplimiento de los plazos es la confirmación de la buena tarea hecha los últimos cuatro años.

La consellera, Fina Santiago, confía que en breve haya un gobierno progresista en el Estado para que las comunidades autónomas puedan volver a recibir el que se denomina como Nivel Acordado que permita financiar toda la estructura de dependencia. Desde que nació este nuevo derecho hasta el 2012 el gobiernos autonómicos recibían esta partida del ejecutivo central pero el gobierno de Mariano Rajoy lo retiró. Ahora las comunidades autónomas asumen el 100 por ciento del coste de esta estructura.

Santiago insiste que tiene que llegar esta partida de Nivel Acordado y se debe revisar la financiación que se hace de las prestaciones. Por ejemplo, una plaza de dependiente en una residencia tiene un coste de 2000 euros, el copago es de 500 euros y el promedio que financia el Estado en estos momentos es tan sólo de 193 euros.


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