Actualizado el 03/07/2019 18:59 Compartir
La maternidad de alquiler, más conocida como vientres de alquiler o gestación por sustitución, no constituye ningún progreso ni avance social. Por el contrario, es sino una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales.
Supone, por tanto, una flagrante violación de la dignidad tanto de la madre, como del niño.
Se intenta presentar a los vientres de alquiler, la maternidad subrogada, como una forma más de reproducción asistida, como un tratamiento altruista para paliar la infertilidad y ayudar a las parejas que no pueden tener hijos dándoles la oportunidad de poder realizar el sueño de ser padres.
Pero la realidad es bien distinta.
Pueden llegar a ser 6 adultos los que reclamen la paternidad de cada bebé nacido de un vientre de alquiler: la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (el donante de esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad), y el hombre que ha encargado el bebé. Todo ello, aparte de ser fuente de más que probables conflictos jurídicos, impide al niño conocer su origen e identidad tal y como establecen los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Por otra parte, los contratos de subrogación son, sin duda una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero, o por algún tipo de compensación.
Los Estados que admiten expresamente la gestación subrogada en su ordenamiento jurídico son Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania, Georgia y Kazajistán.
Mientras que, en Europa, la maternidad de alquiler está prohibida total o parcialmente en la mayor parte de los países, ésta es una actividad comercial en auge en un buen número de países de todo el mundo en los que las agencias se lucran a costa del sufrimiento de los padres infértiles y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones desfavorecidas, desarrollándose todo un negocio de selección y proceso de calidad de mujeres y posibles futuros bebés.
En muchos países, la subrogación se encuentra invariablemente unida a las redes de prostitución, ofreciendo a las mujeres un trabajo respetable o el pasaporte a cambio de la subrogación.
La venta o alquiler del propio cuerpo implica, en última instancia, a la totalidad de la persona, y las secuelas psicológicas de la maternidad de alquiler son evidentes. En una época en la que cada día se constatan con mayor evidencia científica los lazos que se crean entre la madre y el hijo durante el embarazo, algunos pretenden, sin embargo, hacer creer a la sociedad que un vientre de alquiler es algo aséptico, sin consecuencias psicológicas ni para la madre ni para el hijo.
Tampoco se nos pueden pasar por alto la multitud de imprevistos o situaciones complicadas que pueden aparecer, como la posibilidad de un embarazo de alto riesgo para la salud de la madre gestante, la respuesta de los padres contratantes ante posibles malformaciones del niño no nacido o que se echen atrás a mitad del embarazo, etc…
En la maternidad subrogada, la mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción, convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación y tráfico de mujeres, con la agravante de que el niño es utilizado como producto comercial y objeto de transacciones comerciales.
El objetivo de la maternidad subrogada no es el bien del niño sino el de satisfacer el capricho o deseo de unos adultos de ser padres a cualquier precio.
La prohibición de inscribir a los niños obtenidos por subrogación internacional en el Registro Civil a favor de los “compradores”, es la manera más efectiva de disuadir a los posibles padres de acudir a la maternidad de alquiler y así, reducir el comercio de niños y el tráfico humano que esta práctica supone, hasta lograr su completa desaparición. La adopción sería, entonces, la vía legítima de ser padres por otros medios diferentes a la concepción y gestación.
La maternidad de alquiler contradice un buen número de normas y disposiciones de la Unión Europea, , especialmente las relacionadas con la dignidad humana, la adopción, la protección de la mujer y de los niños, y el tráfico de personas.
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