Actualizado el 21/04/2026 16:20 Compartir
El Parlament de les Illes Balears ha convalidado hoy el Decreto ley 1/2026, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio, con el apoyo de 43 diputados, 5 votos en contra y 9 abstenciones.
Este Decreto ley, aprobado el pasado 1 de abril en un Consell de Govern extraordinario, constituye el paquete de medidas del Ejecutivo autonómico ante una crisis internacional que tiene un impacto directo sobre la economía de las Illes Balears, y un escenario con una elevada incertidumbre y una volatilidad de los precios de la energía y de las materias primas, que afectan de manera especial a una economía abierta y altamente dependiente del transporte como la de las Illes Balears.
El Decreto ley se aprobó tras una ronda de reuniones con los agentes sociales, los sectores económicos más afectados, los consells insulars, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, con el objetivo de definir una respuesta adaptada a la realidad de las Illes Balears y a su condición insular.
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado que se trata de un paquete de medidas “ambicioso, riguroso y consensuado”. “Somos una de las primeras comunidades autónomas en reaccionar con medidas propias y lo hemos hecho en poco más de un mes desde el inicio del conflicto. Esto no es llegar tarde, esto es actuar desde la coherencia y la responsabilidad”, ha expresado. “Demostramos que este Govern no espera a que los problemas se resuelvan solos, sino que actúa”, ha añadido.
El paquete de medidas
El decreto ley moviliza un total de 160,75 millones de euros y se estructura en cinco grandes bloques de actuación. En primer lugar, incluye una línea de liquidez de 75 millones de euros, canalizada a través de ISBA, para facilitar el acceso al crédito a empresas y autónomos.
En segundo lugar, se contemplan ayudas directas por valor de 36,75 millones de euros, dirigidas a los sectores más afectados por el incremento de los costes: 13,5 millones para el sector primario, 9,75 millones para el sector del transporte, y 13,5 millones para la industria, la construcción y el comercio.
El tercer bloque recoge medidas fiscales destinadas a aliviar la carga económica de familias y empresas, como la recuperación de deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas al incremento de las hipotecas a tipo variable, así como bonificaciones en tasas portuarias del 50% para las empresas de servicios, y del 100% para los pescadores profesionales. Además, se establece una deducción para que las ayudas no tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En cuarto lugar, el decreto incorpora medidas de agilización administrativa para garantizar que las ayudas lleguen con rapidez a los beneficiarios, simplificando los procedimientos y reduciendo los plazos de tramitación. Finalmente, se establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el equilibrio económico de los contratos públicos, con la posibilidad de revisar precios en obras y servicios para adaptarlos al incremento de los costes y asegurar su ejecución, con una dotación de 45 millones de euros.
Por otra parte, se establece que las ayudas directas y otras medidas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera, y se da cobertura legal para actualizar la subida salarial del 1,5% a todos los trabajadores de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, correspondiente al ejercicio 2026.
El conseller ha subrayado que este decreto ley responde a la necesidad de actuar con rapidez ante una situación excepcional y de anticiparse a los posibles efectos de un conflicto que puede tener consecuencias prolongadas en el tiempo.
Reclamación al Gobierno de España
Asimismo, el vicepresidente Costa ha recordado la reclamación del Govern de les Illes Balears al Gobierno de España para establecer medidas estatales específicas para Balears. “El paquete de medidas del Gobierno de España, pese a ir bien encaminado en algunas de las medidas, ha generado una profunda decepción entre los sectores económicos de las Illes Balears, porque obvia nuestro gran hecho diferencial: la insularidad”, ha destacado.
Por esta razón, el pasado 9 de abril el Ejecutivo envió una carta al Gobierno de España para exigir medidas específicas. “La respuesta del Gobierno de España ha sido, francamente, decepcionante. Ha declinado mantener una reunión con el Govern de les Illes Balears para abordar esta cuestión, y ha afirmado que su paquete recoge las propuestas de los sectores económicos, cuando todos los sectores de las Illes Balears han coincidido en exactamente lo contrario. Esta falta de sensibilidad es difícil de entender”, ha afirmado.
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