77 médicos de Balears objetan para atender a los inmigrantes sin papeles

Un total de 77 médicos de Baleares se han acogido a la objeción de conciencia para atender a inmigrantes sin papeles desde que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) diera la posibilidad a estos profesionales ejercer este derecho el pasado 10 de julio.
Así lo explicó a Europa Press el secretario general de SEMFYC, Salvador Tranche, siguiendo el recuento realizado por esta organización, que ha estimado que 1.035 profesionales a nivel nacional se han acogido este derecho durante este periodo.
Por comunidades autónomas, Madrid ocupa la primera posición con 266 médicos, seguida de Catalunya, con 175; Andalucía, con 96; Galicia, con 89; Aragón, con 86; Valencia y Baleares, con 77; Castilla y León, con 76; País Vasco, con 47, Cantabria, con 45.
Entre las comunidades con menos profesionales que se han acogido a este derecho se encuentran Asturias, con 36; Navarra, con 32; Murcia, con 30; Canarias, con 29; La Rioja, con seis, y Melilla, con tres.
Tranche estimó que en la próxima semana se adherirán más médicos de familia y profesionales de otras especialidades, y añadió que SEMFYC "colaborará con la ONG Médicos del Mundo para fomentar este derecho entre el personal sanitario".
Además, precisó que en la página web de SEMFYC se ha abierto un espacio para que todo aquel profesional que quiera mostrar su voluntad por acogerse a ese derecho rellene un formulario con sus datos personales y que sirva para realizar un nuevo recuento.
Cabe recordar que desde que la medida fuera anunciada ha generado mucha polémica tanto a nivel nacional como autonómico. El Gobierno explicó que podría rectificar al respecto y atenderles pasando posteriormente la factura de su atención a sus países de orígen. En Balears, tras el relevo en la titularidad de la conselleria de Salud, el nuevo conseller, Antoni Mesquida, manifestó que no atender a sin papeles iba en contra de sus principios, aunque posteriormente el portavoz del Govern, Rafel Bosch, sentenció que en Balears se cumpliría con la ley y se seguirían las directrices de Madrid en relación al tema.