Sociedad

Denuncian amenazas entre promotores de conciertos

Actualizado el 14/08/2012 06:59                Compartir

Una promotora de conciertos musicales ha denunciado, en el juzgado de guardia de Palma, haber recibido presuntas amenazas por parte de la competencia para que no organice más eventos en Mallorca. Los denunciantes sostienen que la otra empresa les ha advertido de que no podrán montar nuevos conciertos en Palma y Llucmajor porque ellos tienen buenos contactos con los alcaldes de ambos municipios.
La denuncia fue interpuesta ayer en el juzgado de guardia por un empresario, representado por el letrado Juan Carlos Rebassa.
Según el denunciante, la empresa competidora les estaría presionando para impedirles la organización de eventos en la Bahía de Palma. De hecho, mantienen los denunciantes, ellos habían anunciado un festival con varios disc jockeys en un recinto de s´Arenal y tuvieron que trasladarlo a Felanitx por las supuestas maniobras de la competencia. Conversación telefónica
Los promotores han aportado al juzgado una cinta con la grabación de dos conversaciones telefónicas donde se recogerían las supuestas intimidaciones de los competidores. En la cinta se recoge como un ejecutivo de la compañía denunciada comenta que el anunciado concierto no se podía hacer en la instalación de s´Arenal porque carecía de licencia de discoteca.
El ejecutivo también se habría jactado de sus supuestos contactos con los alcaldes de Palma y de Llucmajor para, presuntamente, boicotear las iniciativas de los denunciantes. En Palma los denunciantes querían montar eventos similares en Son Rossinyol.
Tened cuidado
En las conversaciones entregadas al juzgado aparecen frases de los denunciados del estilo de tened cuidado, que los denunciantes interpretan como delictivas.
Los competidores denunciados habrían manifestado también que en los tiempos actuales de crisis no se podía tolerar nueva competencia en conciertos musicales.
La denuncia tendrá que ser llevada a reparto entre los doce juzgados de instrucción de Palma. El magistrado al que le corresponda deberá decidir si abre diligencias o archiva el caso al estimar que no es constitutivo de infracción penal alguna.

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