Los afectados por la Ley de Costas critican la ambigüedad de la nueva normativa

Los afectados por la Ley de Costas en Balears rechazan el anteproyecto de la nueva norma porque cae en el mismo error de su antecesora: es ambigua. Así, el portavoz de la plataforma Basta Ja!, Joan Cirera, explica que como propietarios su máxima preocupación a la hora de redactar el documento era que quedara bien claro qué era de dominio público y qué era privado. Sus expectativas se han visto defraudadas. Así, los propietarios critican que no se ha hecho "una modificación valiente" de la Ley de Costas, es "un apaño para contentar a todos". "Han hecho una pequeña reforma que se centra en reactivar la economía en el litoral a través de las concesiones", opinan los afectados. En las siguientes líneas aportan argumentaciones pero la conclusión es que "los artículos que definen el litoral siguen siendo muy ambiguos". Por ello, aseguran que volverá a ser una "ley arbitraria" y lo más seguro que conlleve "deslindes arbitrarios".
El portavoz de los afectados detalla que su máximo quebradero de cabeza se centraba en los artículos tres, cuatro y cinco de la Ley redactada en 1989 que definen el litoral. Cirera concreta que el problema que tenían estos apartados era su ambigüedad porque decían que dominio público era cualquier elemento que se encontrara en el litoral ya fueran arenas, escarpes, guijarros... "No se fijaba ningún tipo de distancia y tampoco se definían los elementos", señala. Y aquí surgía la gran controversia de la norma. "Una ley ambigua llevaba a ejecutar deslindes arbitrarios", argumenta.
Con el nuevo documento, concreta, las salinas y las dunas muertas dejan de forman parte del dominio público. Son unos pequeños cambios que, según los afectados, hacen que el anteproyecto tenga el mismo problema que la ley vigente: la ambigüedad a la hora de definir el litoral. Como "no es una norma clara", dicen, los afectados quedan de nuevo en manos de cómo los políticos quieran aplicar esta nueva norma.
Otra de las críticas que hace la plataforma al anteproyecto es que no se trata de una norma general. Cirera argumenta que una ley debe ser "genérica", no puede tener nombre y apellidos porque es "ilegal". Precisamente, la reforma de la Ley de Costas diseña un régimen especial para once zonas problemáticas, entre ellas, Formentera o Empuria Brava. "No puede ser que unos determinados núcleos sean excluídos porque haya unos problemas. Lo que pedimos es una ley lo suficientemente buena, clara y genérica", sentencia Cirera.
Otro de los pequeños cambios que traerá el anteproyecto es que con la ley anterior, los propietarios no podían hacer ningún tipo de intervención en su casa. Para pintar una persiana, por ejemplo, debían pedir un permiso que tardaba años. Ahora, explica Cirera, parece que los afectados no tendrán que justificar pequeñas intervenciones. "Es más por comodidad para el propietario pero no tiene nada que ver con ampliaciones o construcciones", concreta. Respecto a las demoliciones, Cirera detalla que "no queda muy claro" pero todo apunta a que no se producirán derrumbes de viviendas porque la norma no será retroactiva. De todas maneras, avanza, que "está por ver" porque insiste que es una ley ambigua. "Tenemos que esperar y ver que comportará cuando se aplique", reconoce. ¿Qué piden?
Estos afectados tenían la esperanza de que la reforma fuera "valiente" y no dependieran de la voluntad política a la hora de saber si sus casas son de dominio público o no. ¿Pero qué piden estos afectados en las islas? Primero de todo, exigen una definición clara de lo que es dominio público y que es privado. Cirera lo concreta: "que la ley diga este elemento está dentro, este otro, fuera. Incluso si tienen que poner metros, que se fijen". Otra de sus peticiones es que "si se nos expolia nuestra casa, si se nos roba que se haga a través de la ley de expropiación común como a todos". Cirera lo argumenta: "si hacen una autopista y pasa por un terreno tuyo, a través de la ley de expropiación te quitan tu casa y te pagan una cantidad. Con la norma de costas esto no ocurre". Es más, los propietarios tienen que costear con el derrumbe de su vivienda debido al deslinde. En la isla, la única vivienda derribada por la Ley de Costas ha sido la de Cala Tuent. Eso sí, el chiringuito Mónaco del Port de Sóller, remarcan los afectados, también ha sido derrumbado. Estas son sus peticiones, llevan cinco años luchando para que no les "roben" sus casas. Mientras esperan que se apruebe la nueva normativa, no se quedarán de brazos cruzados, seguirán su batalla.