Aprobada la propuesta socialista para destinar más recursos a la prevención del suicidio infantil y juvenil

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado por unanimidad pedir que se elaboren planes integrales de prevención del suicidio y que se incrementen los recursos para la prevención de conductas suicidas entre la población infantil y juvenil para "prevenir un riesgo emergente entre la población joven y reducir el número de suicidios en esta etapa vital".

Tal como ha explicado la diputada socialista Beatriz Gamundí, impulsora de la iniciativa, el suicidio es la segunda causa de muerte externa entre los menores de edad en las Islas Baleares y se producen 20 casos de tentativa por cada suicidio, de ahí la necesidad elaborar, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, estos planes integrales de prevención del suicidio.

Además, ha recordado Gamundí, cuando se produce una muerte por suicidio, "se calcula que quedan marcadas para toda la vida un total de seis personas del entorno familiar más próximo", una cifra que aumenta si se da en el ámbito escolar, ya que también afecta maestros y compañeros.

Es por ello que la iniciativa también pide al Gobierno de las Islas Baleares que se creen y revisen protocolos escolar que aborden esta cuestión a través del Observatorio del Suicidio, puesto en marcha la pasada legislatura. "Es necesario e importante trabajar en la prevención de estas conductas desde los centros educativos", ha aseverado Gamundí.

Rechazo a la práctica de los vientres de alquiler

La Comisión también ha aprobado mostrar su rechazo a la práctica de los vientres de alquileres, una práctica que "socava los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y funciones reproductivas", destacó la diputada socialista y portavoz parlamentaria, Silvia Cano, impulsora de la propuesta.

Asimismo, la proposición no de Feo, firmada conjuntamente con los grupos que apoyan el pacto de gobierno, insta al Gobierno de España a reforzar las garantías para evitar esta práctica ya prohibida por ley y sancionar las agencias que se dediquen a esta actividad , garantizando el cumplimiento de la legislación actual.

También se pide al Gobierno de España a derogar la instrucción de 5 de octubre de 2010 para la inscripción registral de los niños y niñas nacidos de vientres de alquiler.