El fiscal pide que se confirme la primera condena contra Munar al tratarse de 'un caso clamoroso de corrupción'

El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha solicitado la confirmación de la condena a cinco años y medio de prisión que la Audiencia Provincial de Baleares impuso a la expresidenta del Consell, María Antonia Munar por un presunto desvío de 240.000 euros públicos a la productora que supuestamente controlaba a través de testaferros junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal.

Ha señalado que este es un "caso clamoroso de corrupción" y ha reclamado al tribunal que, mediante sus resoluciones, establezca las líneas que permitan a los tribunales españoles castigar con eficacia este tipo de conductas.

Viada se manifestó de este modo durante la vista pública celebrada en el alto tribunal en la que las defensas de Munar, Nadal y los también condenados por esta causa Alfredo Conde, empresario, y Margarita Sotomayor, exdirectora de comunicación del Consell solicitaron la libre absolución de todos ellos por no existir pruebas suficientes que justifiquen los hechos que se les imputan.

Frente a estas tesis, el representante del Ministerio Público ha señalado que no rectifica "ni una coma" del escrito de impugnación de dichos recursos porque las defensas no tenían razón en afirmar que no hubo una acción coordinada para conseguir el desvío de los fondos públicos.

"La acción fue coordinada como el asesinato del Orient Express. Esto es la corrupción", ha manifestado.

Frente a las alegaciones del abogado defensor de Munar, José Antonio Choclán, quien afirmó que su representada nunca controló el proceso de concesión de subvenciones, el fiscal ha señalado que Munar no fue ningún "espíritu puro que se vio sorprendido", pues comenzó el trámite de concesión de las ayudas dos meses antes de que éstas fueran solicitadas. Es todo un fraude, que se da dinero para un objeto para el que no existe", ha afirmado.

76.000 EUROS POR GRABAR UNOS CD

Ha destacado, como ejemplo, que se presupuestaron y pagaran 76.000 euros por grabas unos CD de uno de los programas de radio contratados.

Para concluir su disertación, el fiscal ha recordado a los miembros de la Sala que la corrupción es una "plaga" que afecta incluso a la imagen internacional de España y que el Tribunal Supremo es "el último valladar que tiene la sociedad ante los corruptos".

Ha recordado que el propio fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, señaló el pasado lunes durante su discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial que el principal objetivo hoy de la Justicia es la lucha contra la corrupción.

La Sala que deliberará sobre su recurso de casación está constituida por los magistrados Carlos Granados, que la preside, y Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, Francisco Monterde Ferrer, y Manuel Marchena Gómez.

A lo largo de su intervención, Choclán ha manifestado que es consciente del "contexto socio-político" en el que se analiza el caso por el tribunal, si bien confía en que los magistrados apliquen al mismo las "garantías máximas".

Según esta parte, la clave del caso se encuentra en la interpretación que el alto tribunal haga de la importancia en este tipo de asuntos de la valoración de los testimonios de arrepentidos que colaboran con la Justicia.

Para esta parte, en este caso no existen pruebas que corroboren la confesión de Nadal, quien admitió, según ha señalado el propio abogado del expresidente, que compró participaciones de una de las productoras porque quería contar con un medio afín, y que votó a favor de la concesión de subvenciones a esta sociedad. "Se la condena por ser presidenta del Consell, no porque existan pruebas", afirma el defensor.

La Audiencia de Baleares también condenó a Munar a una multa de 54.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, así como a la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de dos años y medio.

Por otra parte, la Audiencia condenó a dos años y siete meses de cárcel al exconsejero de Turismo y también expresidente de UM, Miquel Nadal, por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, así como a una multa de 36.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas y a la inhabilitación absoluta durante cuatro años y medio.